Una justicia más sensible y abierta
Los partidos proponen profundas reformas para un sector clave del sistema
Los partidos quieren democratizar la justicia, y la organización judicial está llamada a experimentar cambios profundos en cuanto se forme un nuevo gobierno, sea cuando sea que esto ocurra. Así se puso de manifiesto ayer en el curso de un seminario en el que ha tomado parte toda la cúpula de la justicia, desde el ministro de la materia a la fiscal general, pasando por el presidente de la Audiencia Nacional, junto a muchos jueces y magistrados.
También participaron los partidos de la oposición –PSOE, Ciudadanos y Podemos–, que son los que más insistieron en que el modelo actual tiene grandes grietas, no sólo por la problemática que implica la lucha contra la corrupción. La oposición cree, sobre todo, que hay una excesiva concentración de poder y que el gobierno de los jueces es “presidencialista”. En el seminario –organizado por Europa Press y el grupo Wolters Kluber– la propuesta más lanzada la hizo Podemos, cuya portavoz de Justicia, Victoria Rosell, planteó que en el Consejo del Poder Judicial no deberían participar sólo los miembros de la carrera y el Parlamento, sino también la ciudadanía. Es decir, “empresarios, carpinteros y deportistas”. Podemos sigue, en suma, con la idea de que quienes administran justicia deben conectar con las prioridades sociales.
El portavoz de C’s, José Manuel Villegas, estaba al quite y recordó que Podemos ya efectuó una propuesta muy polémica cuando abogó por que los cargos judiciales estuvieran comprometidos con el programa de cambio de un Gobierno progresista. Rosell admitió que entonces se cometió “una errata”, pero que ya está corregida.
Juan Carlos Campo, que fue vocal del Consejo, abogó a su vez por una “revolución” en la justicia, admitiendo que desde el punto de vista de su independencia, “funciona en términos de absoluta normalidad”. Nadie parece temer, en suma, por la independencia de los jueces, como cualidad personal, pero sí por las formas indirectas de influencia en el sistema, a través de la organización de su cúpula. Villegas habló de “revisar la discrecionalidad” en la elección de los cargos judiciales.
Es un asunto polémico, como lo prueba el hecho de que el Tribunal Supremo (TS) acabe de anular el nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia Murcia (TSJM), planteando su insuficiente motivación. Frente a las distintas propuestas, el titular de Justicia, Rafael Catalá, asumió la necesidad de diálogo y pactos, pero advirtiendo del riesgo de que “la deslegitimación de las instituciones conduce al totalitarismo”.
JOSÉ MARÍA BRUNET