Ni imposición, ni rebelión
LA reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no debería ser un diálogo de sordos entre el ministro de Hacienda y los consejeros autonómicos de Economía y Finanzas. Ni la imposición unilateral del Gobierno central, como ha sido la norma hasta ahora, ni la rebelión de las comunidades autónomas conducirán a nada positivo. El problema del déficit y las dificultades para financiarlo es común a todas las administraciones, tanto la central como las autonómicas.
Eldesarrollodelareunióndehoysepresentamuydifícil. No hay que hablar sólo de reparto de dinero, sino también de los sacrificios y recortes que hay que hacer para conseguir cumplir este año el objetivo global de reducción del déficit hasta el 2,8% del producto interior bruto, tal como se comprometió España con la Comisión Europea en el marco del Plan de Estabilidad Presupuestaria. Un dato crucial sería saber si existe la posibilidad de lograr una mayor flexibilidad de este objetivo, algo que haría las cosas más fáciles a todos. Pero eso deberá negociarlo con las autoridades de Bruselas el nuevo gobierno que finalmente algún día se forme.
Para las autoridades de la Comisión Europea las comunidades autónomas son un pozo sin fondo del gasto público a las que hay que apretar las tuercas al máximo, una idea ampliamente compartida por el Ministerio de Hacienda español. Es evidente que la gestión presupuestaria de buena parte de las comunidades autónomas no es lo suficientemente rigurosa y que, además, en el régimen autonómico actual se producen múltiples duplicidades de funciones y de competencias con la Administración central que multiplican el gasto público, lo que encarece el sistema muy por encima de lo que sería adecuado. La culminación del Estado de las autonomías, en este sentido, es una de las grandes asignaturas pendientes de este país. Pero ello no debe ocultar la otra realidad: que buena parte de los déficits públicos autonómicos son acumulados por la prestación finalista de los servicios sanitarios, educativos y sociales, que son los que más desviaciones suponen, debido a una previsión más voluntarista que real de su evolución presupuestaria por parte de la Administración central. En este sentido cabe enmarcar la propuesta que presentará Andalucía para que la sanidad, la educación o las políticas sociales no cuenten como déficit a la hora de hacer el cómputo de ajuste global que corresponde a las comunidades autónomas.
En cualquier caso es evidente, como se señala desde buena parte de las autonomías, incluida Catalunya, que el déficit máximo del 0,3% del producto interior bruto que se exige para cada una de ellas desde el Ministerio de Hacienda es completamente inasumible. Este es un diagnóstico que también hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En cambio, el ministro de Hacienda asegura todo lo contrario, porque afirma que todas las comunidades van a contar con ingresos adicionales de financiación y menos gastos por intereses de deuda. Será cuestión, pues, de volver a hacer números, establecer una revisión más equilibrada del reparto de los objetivos de déficit por administraciones (estatal, autonómica y local) y un análisis integral del sistema de financiación para que se adapte al nivel de gasto de cada cual, acorde con las competencias ejercidas, como reclama la propia Airef. Pero siempre desde el diálogo, sin imposiciones arbitrarias y sin rebeliones por parte de nadie, teniendo en cuenta los compromisos de España con la Unión Europea.