Lo que se llevó el Constitucional
El Estado ha impugnado en siete años hasta 34 normas e iniciativas catalanas, quince de las cuales son de carácter social
Suspendida la ley catalana de nosequé” es el tuit de una sarcástica cuenta en Twitter que simula ser el Tribunal Constitucional. Una broma que en realidad describe la difícil relación entre el Gobierno central y el catalán. La acción judicial parece haber sustituido la política por ambas partes (véase la pieza adjunta). Ayer mismo, el Tribunal Constitucional anuló otra disposición de la Generalitat.
El Estado ha interpuesto recursos contra normas aprobadas por el Parlament a medida que la presión independentista ha ido aumentando. De presentar un litigio por año en el 2010 y el 2011, ha pasado a impugnar once iniciativas catalanas en el 2015 y ocho este año. A pesar de este trasfondo soberanista, sólo diez tienen relación con el proceso, mientras que hasta quince son leyes y disposiciones de cariz estrictamente social. En detrimento de estas últimas, el Gobierno del PP ha actuado, a menudo, alegando invasión de competencias en el terreno económico y político.
A pesar de esta beligerancia estatal con las leyes catalanas cabe destacar que, de hecho, el Gobierno central sostiene una batalla similar con muchos otros ejecutivos autonómicos en lo que ya se conoce como la recentralización del Estado. Incluso los constitucionalistas critican el uso político del Tribunal.
El conseller de Justícia, Carles Mundó, expresó anteayer en el hemiciclo que el TC está “desprestigiado”, porque “teóricamente hace de árbitro, pero siempre lleva la camiseta del otro equipo” y que Catalunya tiene la autonomía política “suspendida de facto”, ya que a su parecer el Estado pretende aplicar el artículo 155 de la Constitución a través de las impugnaciones.
Algunas de las leyes recurridas por el Estado creaban tasas para ser destinados a gasto social.
El euro por receta En los siete meses que la Administración catalana tuvo en vigor este impuesto, consiguió ingresar 45,7 millones de euros, hasta que el Estado recurrió la iniciativa. El TC eliminó la tasa definitivamente en mayo del año pasado. La Generalitat está obligada a devolver el dinero a aquellos que lo pidan.
Emergencia social Impugnada a finales de abril, el Ejecutivo español actuó contra la parte de la ley 24/2015 que aplica medidas contra los desahucios, de--
jando vía libre por ahora al Govern garantizar el suministro de servicios energéticos básicos durante el invierno a las familias más vulnerables. La paradoja es que esta ley fue aprobada por los votos a favor del PP en Catalunya. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca consideró que era “el último servicio” del Estado “a la banca y a las empresas suministradoras”.
Prohibición ‘fracking’
El Parlament votó en contra del fracking en territorio catalán, una práctica de extracción de gas y petróleo, por sus “efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, del paisaje o socioeconómicas”. El TC anuló la prohibición argumentando que ya había tumbado leyes similares en Cantabria, La Rioja y Navarra.
Impuesto sobre depósitos bancarios
Un decreto ley del Govern del 2012 que imponía gravámenes del 0,3% al 0,5% en los depósitos bancarios, puso en alerta al Ejecutivo español. Así, inmediatamente después creó un impuesto estatal al 0%, que más tarde fue del 0,03%, con el objetivo de cerrar la puerta a la tasa catalana. El Parlament aprobó en el 2014 la ley sobre los depósitos bancarios.
El Alto Tribunal tumbó definitivamente tanto el decreto como la ley a finales de mayo del 2015. El entonces conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, preveía ingresar en las arcas catalanas unos 670 millones anuales con este impuesto, pero con el 0,03% aplicado de la ley estatal la Generalitat ingresó sólo 60 millones el año pasado.
Tasa en operadores de internet
Junto con la tasa turística, uno de los pocos respiros del TC para la Generalitat, ya que levantó la suspensión en noviembre pasado. El Alto Tribunal consideró que la escasa incidencia que el impuesto representa en el volumen de negocio de los operadores digitales –hasta 16– hace posible la identificación y la devolución de las cantidades recaudadas en caso de que el impuesto sea finalmente desautorizado. Con la medida, el Govern aplica una cuota fija recaudatoria de 0,25 euros al mes por cada conexión a internet contratada en el territorio catalán.
Impuesto viviendas vacías
La gran contradicción del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy, ya que en la Eurocámara, para demostrar que las comunidades autónomas aplicaban medidas para bajar el déficit, destacó que “las medidas clasificadas dentro de la tipología de otros tributos suponen una cuantía positiva de 101 millones de euros, destacando las derivadas de la creación de nuevos tributos por algunas comunidades autónomas, tales como el impuesto sobre las viviendas vacías o el impuesto sobre alojamiento turístico”. Con la norma, el Govern había recaudado 11,3 millones. Un dinero que según el Ejecutivo catalán se destinaría para la compra de más de 260 viviendas de protección social.