Cuidado con las bicis
El desafortunado atropello de una persona por una bici la pasada semana, que se añade a otro incidente que causó la muerte a la que fue presidenta de Òmnium el pasado febrero, ha vuelto a colocar el tráfico de dos ruedas en los debates de los medios de comunicación. No me arrepiento de haber ido contra corriente en su día (¡ya hace diez años!) contra la moda del bicing municipal.
No me pareció ni me parece adecuado que el sector público, con necesidades sociales más urgentes, entre en esta nueva actividad subsidiando a sus usuarios. No sé ver las externalidades positivas que representa el bicing para la salud (la contaminación en la capital catalana ha bajado poco), ni tampoco se ha demostrado que sustituya al vehículo privado: más bien ha vaciado metros o buses de un segmento de la población joven. Causa problemas de convivencia con quien más protegido debería estar –el peatón– o para el propio ciclista si su tráfico se compatibiliza con el de los coches sobre el asfalto y no en las aceras. Pero, sobre todo, no sé ver las ventajas porque cuesta al contribuyente un buen montón de dinero.
Ahora se añade una nueva distorsión entre bicing público y privado de incierta solución. Resulta que quien utiliza la bicicleta pública cuenta, parece ser, con una cobertura de responsabilidad que pagamos entre todos, que se añade al subsidio de la diferencia entre lo que paga y lo que cuesta. Si se consideran los costes de recaudación de abonos, adecuación de calles al paso de las bicicletas, multas impagadas añadidas, reposiciones, robos, movimientos de stocks y la ocupación de la vía pública no tasada... el precio sufraga en torno a una quinta parte del coste real: 5 millones de euros en el 2014 sobre un coste estimado de 25 millones.
Y quien en cambio nos hace el favor de
No sé ver por ningún sitio las ventajas económicas y sociales que comporta subvencionar el bicing
utilizar su propia bici y así nos ahorra a todos el subsidio no está asegurado contra terceros. Quien utiliza la propia bici no sólo se arriesga a que le puedan robar, sino también a una indemnización gravosa por accidente. Hecho que ha salido a la luz pública al saberse que el último atropello se ha producido desde una bici propia. No me extrañaría que fuera el Ayuntamiento el que acabara por cubrir el accidente por responsabilidad subsidiaria y simetría respecto de los que utilizan las bicis de todos. Un nuevo disparate a costa del contribuyente, sólo superable por una nueva presión (en términos de costes y de peligros), que tenemos ya a las puertas, la introducción de las bicis eléctricas.
El sentido común y la teoría económica requieren identificar un fallo de mercado para justificar una intervención pública supletoria. Ni el coste de las bicis o la falta de competencia –más bien lo contrario para el negocio de los arrendatarios de bicis en la ciudad–, ni la información asimétrica de los usuarios sobre los beneficios de su uso, ni tampoco las externalidades frente a terceros me parecen todavía hoy argumentos que puedan justificar el invento.