Daniel Ortiz
DIPUTADO DEL PP
El juez Velasco ha abierto una investigación, en el contexto de la trama Púnica, contra el exalcalde de Móstoles por presuntas irregularidades vinculadas a la red con la que se enriquecieron muchos militantes del PP.
Manual de corrupción municipal, capítulo primero. Así hubiera podido titularse la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que investigue al diputado autonómico y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz (PP). El magistrado describe una serie de supuestas actuaciones de Ortiz que bien podrían incorporarse al citado manual imaginario, por la precisión en el detalle sobre cómo corromper una administración pública.
El juez Velasco explica que el citado alcalde recabó información del avance de la fase de licitación de un importante contrato, para poder resolverlo a favor de la empresa que presuntamente le pagaba por tales ayudas. El contrato era para “suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”. El importe satisfecho a la sociedad Cofely fue de 73.143.434 euros, para trabajos que se prolongarían durante doce años. Para que dicha sociedad se hiciera con el encargo, Ortiz –según relata el juez– no sólo se informó del proceso de licitación, sino que presionó de forma continuada a empleados públicos y autoridades municipales, especialmente al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, a quien llegó a pedir que interrumpiera el proceso de adjudicación. Con ello, intervino en el proceso de reglado de decisión de la mesa de contratación, único órgano competente sobre el contrato.
Todo ello habría culminado con la remisión subrepticia a Cofely de documentos confidenciales de la oferta de otro licitador. De este modo, dicha sociedad pudo atacar al rival y realizar “un contrainforme anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”. Las irregularidades se hicieron a cambio de diversos pagos, de 240.000, 500.000 y 6.000 euros, facturados al propio Ayuntamiento con cargo al presupuesto del contrato. Al final, por tanto, el dinero de los amaños lo pagó el municipio.
Ciudadanos, que gobierna con el PP, exigió la renuncia de Ortiz. La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes (PP), dijo que la dimisión se producirá si el TSJ de Madrid le investiga.
Paralelamente, Mateu Isern (PP), exalcalde de Palma, no repetirá como cabeza de lista de su partido, informa David Gilabert. El PP teme que sea investigado por la trama de corrupción en la policía local detectada en su etapa al frente del municipio.
JOSÉ MARÍA BRUNET