Rousseff, camino de la salida
El Senado de Brasil vota iniciar el proceso de destitución de la presidenta
Cuando la mayoría de lectores lea estas líneas el Senado brasileño, con toda probabilidad, habrá votado a favor de iniciar el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, que será temporalmente apartada del cargo. Estaba previsto que la histórica votación se produjera pasada la medianoche, hora local, madrugada en España, una vez que casi todos los senadores hicieran uso de la palabra durante un máximo de quince minutos, lo que seguía sucediendo al cierre de esta edición.
La sesión de la cámara alta se desarrollaba de manera mucho más políticamente correcta y menos tumultuosa que la bochornosa votación del 17 de abril en el Congreso, cuando los diputados aprobaron el inicio del juicio a Rousseff, que anoche el Senado se disponía ratificar.
Si se cumple lo establecido, a Rousseff le será oficialmente notificada en las próximas horas la decisión del Senado y deberá abandonar el palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo, situado a sólo unos pasos del Parlamento. El Gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT) –que también será descabalgado del poder– preparan un acto de apoyo público a la mandataria, que podría dejar Planalto descendiendo por la rampa de acceso principal acompañada por un numeroso grupo de partidarios que, según algunas fuentes, serían sólo mujeres.
Rousseff, economista y exguerrillera de 68 años, será sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, elegido junto a ella en la candidatura que ganó las elecciones del 2014 apoyada por una coalición de nueve partidos de todas las tendencias, encabezada por el PT. Temer, abogado y ferviente evangélico de 75 años, rompió con Rousseff hace unas semanas al mismo tiempo que la formación que preside, el centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), salía del gobierno.
La votación de esta madrugada requería el apoyo de la mayoría simple de los 81 senadores; es decir, 41. El inicio del impeachment supone que el Senado comienza el juicio político contra la presidenta, que tiene que desarrollarse durante un máximo de seis meses. En ese tiempo, Rousseff permanecerá suspendida de sus funciones pero no será destituida formalmente y mantendrá algunas prerrogativas como, por ejemplo, seguir residiendo en el palacio de la Alvorada.
La mandataria, que considera que este impeachment equivale a un “golpe de Estado”, ha reiterado que no piensa dimitir y pretende acudir al juicio político en el Senado, que se llevará a cabo de forma similar a una vista oral judicial, con pruebas y testigos, y será dirigido por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, convertido para la excepcional ocasión en titular de la cámara alta. Al final del proceso, Rousseff sólo podrá ser condenada –a ocho años de inhabilitación– y destituida definitivamente si dos tercios de los senadores lo avalan.
La presidenta no está acusada de corrupción, como fue el caso en 1992 del único precedente de impeachment a un mandatario brasileño, Fernando Collor de Mello, que ahora casualmente es senador y que dimitió poco antes de ser condenado por el Senado. En cambio, Rousseff está acusada de realizar en el 2014 las llamadas
El juicio político contra la presidenta durará seis meses, durante los cuales será suspendida
“pedaleadas fiscales”, maniobra presupuestaria irregular que consiste en utilizar créditos de bancos públicos para sostener programas de subsidios sociales del Gobierno. A pesar de que otros mandatarios también echaron mano de las “pedaleadas”, Rousseff ha sido castigada hasta el extremo de someterla a juicio político, después de que el Tribunal de Cuentas tumbara los números públicos del 2014.
A primera hora de la mañana de ayer, y cuando la sesión de la cámara alta ya se había iniciado, el magistrado del Tribunal Supremo, Teori Zavascki, rechazó el recurso presentado el martes in extremis por el abogado general del Estado –defensor oficial de Rousseff– para anular el impeachment al entender que había sido impulsado por el entonces presidente del Congreso, Eduardo Cunha, que la semana pasada fue suspendido de sus funciones por el alto tribunal. Zavascki zanjó el asunto, sin someterlo al pleno del Supremo, al considerar que, por mucho que Cunha hubiera actuado por “venganza” contra Rousseff, como alega el Gobierno, más de dos tercios de los diputados se posicionaron claramente a favor del inicio del juicio político.
Rousseff se recluyó ayer en la Alvorada durante la celebración de la sesión en la cámara alta, mientras sus ministros se reunían en Planalto. Por la mañana la presidenta sustituyó su habitual ejercicio en bicicleta por un paseo por los jardines de su residencia ante la expectativa de muchos periodistas apostados frente al palacio.
En contraste con la polémica sesión del Congreso, los discursos de ayer de los senadores opositores al justificar su voto se centraron en argumentar sus críticas a las “pedaleadas fiscales” y no los enfocaron en la corrupción, ni en vincular directamente a Rousseff en el escándalo de Petrobras, donde la mandataria no está imputada, a diferencia de su mentor, el expresidente Lula.
Varios senadores, oficialistas y opositores, manifestaron su tristeza por la situación que vive Brasil, una preocupación que trasciende las fronteras del país. El papa Francisco, durante su audiencia general de ayer en el Vaticano, deseó en portugués que Brasil “en estos momentos de dificultad, proceda por el sendero de la armonía y de la paz”.