El reino del desacuerdo
AYER se celebró la segunda reunión de partidos políticos para intentar recortar los gastos de la campaña electoral del 26-J. Y, al igual que la primera, celebrada el jueves día 5, acabó en fracaso. Las distintas formaciones –PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPN, IU, PNV, ERC, DiL, En Comú y Compromís– fueron incapaces de pactar unos criterios comunes de reducción del gasto. De manera que, a lo sumo, aplicarán algún recorte siguiendo sus criterios particulares.
Reducir costes, sin ir más allá de lo realmente necesario o imprescindible, es aconsejable en casi toda circunstancia. Más aún en la actual. Habrá comicios el 26-J porque las formaciones políticas más votadas fueron incapaces de llegar a acuerdos de gobierno tras las elecciones del 20-D. Recordaremos aquí que la factura de dichas elecciones rondó los 160 millones de euros (de ellos, 130 corrieron a cargo del Estado y el resto, en diferentes proporciones, a cargo de la tesorería de los partidos en liza). Ha pasado desde entonces menos de medio año y las cosas han cambiado poco. ¿Hay algún español que considere ahora ineludible gastar otros 160 millones de euros para averiguar a quién votar?
La mencionada diferencia de recursos está en la base de las disputas que abocaron al fracaso la reunión de ayer. Los grandes partidos iniciaron la negociación apostando por una bajada semejante de los dispares presupuestos de las formaciones. Otros, como Podemos y Ciudadanos, preferían limitar la cifra máxima de gasto electoral de todas las formaciones. Esta opción contribuiría a igualar los recursos invertidos en propaganda electoral, y constituiría un factor de fair play, puesto que equilibraría las oportunidades de los partidos. Pero el PP, que es el que maneja más dinero en campaña, no quiso ni oír hablar de ello.
A falta de acuerdo, como apuntábamos, las formaciones se comprometieron a reducir su presupuesto de campaña cada una a su aire. Dicho en otras palabras, la reunión de ayer fue un fracaso colectivo que decepcionó a los simpatizantes de todos los partidos. No es aventurado afirmar que el deseo de abaratar los costes de las campañas es transversal y cuenta con una mayoría de partidarios en todas las formaciones. Decía La Rochefoucault que “los pleitos no durarían tanto tiempo si el error estuviera sólo en una parte”. Tenía razón. Y aún podríamos añadir que, en este caso, el error no sólo no estaba en una parte, sino que estaba en todas.
En nuestros días España parece el reino del desacuerdo, que es casi omnipresente. El desacuerdo se da en el seno de los partidos: lo vimos ayer en el PSOE con la disputa entre Pedro Sánchez y Ximo Puig; lo estamos viendo en los últimos días con la cadena de declaraciones, réplicas y contrarréplicas de las primeras autoridades del Govern a propósito de la necesidad o no de subir el IRPF. Y el desacuerdo se da también, cómo no, entre los partidos, como se comprobó ayer con el fracaso que motiva esta nota.
Dicho fracaso es grave por sí mismo. Anuncia además tiempos difíciles y muy poco fructíferos en materia de diálogo y pacto. A pesar de que son más urgentes que nunca para afrontar la formación de gobierno y asuntos de Estado como la reforma de la Constitución, la ley Electoral o la función pública. El mensaje que los partidos envían a la ciudadanía cuando naufragan en una negociación menor como la del presupuesto de la campaña electoral es negativo. Sobre todo, para ellos.