La Fiscalía pide 11 años para Cotino por los fraudes en la visita del Papa
Uno de los tentáculos de la trama de corrupción Gürtel, la relativa a los fraudes cometidos con ocasión de la visita del Papa a Valencia en el 2006, va a llegar en breve a juicio. La Fiscalía Anticorrupción entregó ayer en la Audiencia Nacional un escrito de 83 folios en el que describe los amaños de la red y solicita penas de prisión de 11 años para el expresidente del Parlament valenciano y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, y 40 años para el exdirector general de la televisión autonómica, Pedro García Gimeno, entre otros inculpados. A todos ellos se les acusa de varios delitos de corrupción por haberse concertado para favorecer a empresas de la trama Gürtel con contratos relativos a las transmisiones de los actos del Papa, y a diversos servicios de seguridad durante la visita.
Dichos contratos habrían supuesto un doble engaño. Primero, por su forma de tramitación, en la que se evitó todo tipo de concurso. Y en segundo lugar, por el coste de los servicios convenidos, que supusieron un desembolso de 7.493.600 euros, muy por encima de los precios de mercado existentes en dichas fechas. La Fiscalía estima que las cosas se organizaron así con el fin de beneficiar a las empresas de la red, sobre todo a Teconsa, para la colocación de pantallas y aparatos de megafonía. Dicha sociedad ni siquiera realizó trabajo alguno, porque acabó subcontratando tales tareas a otras tres empresas que montaron dichos elementos por un total de 2.994.200 euros.
La Fiscalía sostiene que Cotino y Gimeno, junto a algunos de los más conocidos cabecillas de la trama para los que se piden entre 37 y 38 años de prisión, como Álvaro Pérez (el Bigotes), Pedro Crespo y Francisco Correa, “acordaron y planificaron de común acuerdo” atribuir a la televisión valenciana el coste del contrato sobre las pantallas de vídeo, megafonía y sonido para “apropiarse directamente de los fondos públicos”. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, dijo ayer a este respecto que espera que Cotino y los demás implicados en el caso devuelvan el dinero del que se beneficiaron ilícitamente.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial del PP, Javier Maroto, junto al resto del equipo municipal de Vitoria entre el 2001 y el 2007 a pagar 393.862 euros por la firma de un contrato de alquiler gravoso para oficinas en el propio municipio. La suscripción del contrato –dice el Tribunal– implicó una “negligencia grave” que ocasionó un “perjuicio” a los fondos municipales.
JOSÉ MARÍA BRUNET