El juez exige al PP una fianza de 1,2 millones por la caja B
Debe cubrir las peticiones a Bárcenas como responsable civil y bajo aviso de embargo
El PP tiene diez días para consignar en la Audiencia Nacional 1,2 millones pendientes de las fianzas de Bárcenas y otros excargos imputados por la investigación sobre la financiación del partido. Si no lo hace, se le embargarán bienes.
El PP está lejos de conseguir que pase de largo del partido el cáliz de su presunta financiación ilegal. El juez encargado del caso, José de la Mata, citó ayer al representante legal de la organización para comunicarle un requerimiento cuya finalidad es que la formación popular abone en el plazo de diez días una fianza de 1,2 millones de euros. Si no lo hace, se le embargarán bienes por valor de esta cantidad.
El motivo es que el PP fue declarado responsable civil subsidiario en el proceso en el que se investiga su presunta caja B. Es decir, el caso Bárcenas. Dicha situación legal supone que la organización debe pagar si no lo hacen los acusados directos, los que en su día tendrán que sentarse en el banquillo. Y no lo han hecho. No, al menos, en las cuantías que les había exigido el juez.
La resolución del magistrado es muy directa. El escrito explica que las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil sólo han resultado “aseguradas parcialmente”. De la Mata recuerda que fueron solicitadas a los extesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y al exgerente Cristóbal Páez. El juez impuso a los dos primeros sendas cauciones de 8,9 millones, mientras que Páez debía hacer frente a otra de 7,4 millones de euros.
“No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos –expone De la Mata–, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral”. Y dicho y hecho, en el bien entendido de que el PP dispone de diez días, con la advertencia de que, en el caso de no pagar la fianza, se le embargarán bienes bastantes para cubrir la cantidad reclamada. Los 1,2 millones que se exigen al PP responden al volumen de lo supuestamente defraudado en relación con los pagos por las reformas realizadas en su sede central, en la calle Génova, y a los donativos presuntamente irregulares recibidos por la organización.
Las infracciones fiscales derivadas de la contabilidad paralela del partido alcanzaron los 220.167 euros en el impuesto de sociedades del 2008, según las resoluciones del anterior juez encargado del caso, Pablo Ruz. Y 1,02 millones de euros correspondería al pago que el estudio de arquitectos Unifica no realizó por haber cobrado supuestamente en dinero negro. El proceso por la supuesta caja B del partido abarca, a su vez, un periodo amplio, “desde 1990 hasta –afirma el magistrado-, al menos el año 2008”.
El PP, a su vez, mostró ayer su
El PP muestra su extrañeza por la fianza y reclama comprobar si los imputados son de verdad insolventes
“extrañeza” por el hecho de que “se le exija garantizar por entero las posibles responsabilidades, cuando no se conoce si los directamente afectados por este auto, son insolventes para responder a las mismas”. La secretaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy, aseguró que, en todo caso, la organización depositará la fianza que se le exige. Pero quiso subrayar que no se trata de ninguna condena ni sanción y que el PP sigue negando toda credibilidad a los “papeles de Bárcenas”, origen de este procedimiento judicial. En términos similares, el comunicado de la formación subraya que “el PP aparece en esta pieza (de proceso) exclusivamente como responsable civil subsidiario de posibles delitos fiscales cometidos por otras personas”, las directamente acusadas.