Laberinto taurino
La justicia paraliza la ley vasca de consultas que amparaba la votación en San Sebastián
Los tribunales han paralizado el intento del Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por el PNV y el PSE, de someter a consulta popular la polémica cuestión de seguir celebrando o no corridas de toros.
La consulta popular para decidir si San Sebastián sigue celebrando corridas de toros tendrá que esperar. Como mínimo hasta el verano, cuando el Ayuntamiento guipuzcoano, ahora gobernado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y los socialistas, mueva ficha para salir del laberinto jurídico en el que se ha adentrado. De momento, los tribunales han paralizado el intento del Consistorio de dirimir en las urnas la polémica entre antitaurinos y partidarios de la fiesta.
El Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó el recurso del Estado contra el reglamento de consultas ciudadanas, aprobado el año pasado, con el que el alcalde, el nacionalista Eneko Goia, pretendía dar respuesta a las más de 8.000 firmas que reclamaban la consulta. Siguiendo las pautas legales, los promotores de la iniciativa, la plataforma Donostia Antitaurina Orain, habían superado el 5% del censo fijado por la normativa. En su manifiesto tachan la actividad de “barbaridad” que “avergüenza” a la mayoría de habitantes de San Sebastián, que este año es la capital europea de la cultura. De hecho, la tauromaquia volvió a la ciudad el año pasado con el cambio de color político, después del paréntesis de EH Bildu. La decisión de vetar los toros en la plaza de Illumbe, de titularidad municipal, levantó las quejas de los grupos de la oposición entonces, algunos de ellos, hoy en el gobierno.
Ahora, el intento de someter a votación una cuestión siempre delicada –el alcalde no preveía poner las urnas hasta septiembre, pasada la Semana Grande– ha chocado con el Ejecutivo español. El TSJPV acepta los argumentos de la abogacía del Estado: la regulación de San Sebastián “mimetiza” la ley de consultas no refrendarias que aprobó el Parlament de Catalunya en el 2014. Y recuerda que, en todo caso, las consultas debe autorizarlas el Consejo de Ministros. Esta es una de las vías que sopesa el regidor, pedir permiso a Madrid siguiendo la ley de Bases de Régimen Local, y desarrollar una nueva norma amparada por la ley municipal que el Parlamento vasco aprobó recientemente.
La otra vía, la más inmediata, es la presentación de un recurso de casación. No será, sin embargo, hasta julio cuando se sepa si tiene recorrido y acaba, por lo tanto, en el Supremo. Este es el plazo que maneja el Consistorio, que espera a jugar en “un terreno más seguro” antes de dar más pasos. No obstante, en el mejor de los casos, no se podría votar hasta finales de año para no coincidir en periodo electoral. Las autonómicas vascas están previstas para octubre. Entre tanto, puede alterarse el equilibrio de fuerzas en el Congreso y, en consecuencia, el nuevo inquilino de la Moncloa, a cuya puerta llamará el alcalde.
En ese compás de espera, la controversia ha saltado a Bilbao. La izquierda abertzale ya ha reclamado al pleno del Ayuntamiento vizcaíno que también pregunte a la ciudadanía sobre “los espectáculo que fomentan el maltrato animal”. El debate busca hacerse un sitio en los márgenes de la agenda de campaña, en una comunidad con tradición taurina pero lejos del arraigo de territorios vecinos como Navarra.
Mientras en San Sebastián se suspende el referendo, en Bilbao la izquierda abertzale reclama uno idéntico