Mínimos cubiertos
Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Josep Maria Álvarez, presentan en el Congreso las 700.000 firmas que acompañan la iniciativa legislativa popular para conseguir una renta básica mínima.
Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Josep María Álvarez, presentaron ayer en el Congreso de los Diputados las 700.000 firmas de ciudadanos que acompañan a su iniciativa legislativa popular (ILP) para conseguir una prestación de ingresos mínimos. Esta renta mínima busca “no dejar tirados”, resumió Fernández Toxo, a los seis millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en España. Las fuerzas sindicales apostaron por que el debate centre la campaña electoral y reclamaron a los partidos que planteen la creación de la renta mínima en la nueva legislatura.
Así, el texto de la ILP prevé la aprobación de una renta mensual equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –actualmente 426 euros– que cobrarían las familias cuyos ingresos son inferiores al 60% de la mediana mientras cumplan los requisitos. Y sería compatible con otras rentas (salvo las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social), siempre y cuando no rebasen el 75% del salario mínimo sin pagas extraordinarias.
Según cálculos de los sindicatos mayoritarios, la medida podría beneficiar a 2,1 millones de hogares y costaría 11.000 millones al año, equivalentes al 1% del PIB. La financiación se realizaría mediante impuestos y aparecería reflejada en los presupuestos generales del Estado. “Esta prestación es una cuestión de democracia y de solidaridad que la sociedad española se puede y debe permitir”, aseguró el líder de CC.OO.
Además, recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora en funciones, se comprometió en el 2014 a negociar esta medida con los agentes sociales pero nunca abrió las conversaciones, lo que “obligó” a los sindicatos a plantear la ILP en abril del 2015, aunque el texto finalmente no podrá debatirse hasta la próxima legislatura.
Por su parte, Álvarez cuestionó las distintas prestaciones y subsidios existentes que “a veces parecen más actos caritativos que derechos” y abogó por la implantación de un “derecho universal de ciudadanía a una renta mínima garantizada” que, por tanto, no dependa de la disponibilidad presupuestaria.
“Sería bueno que los partidos políticos, tal y como se comprometieron, no frustren las esperanzas de muchos ciudadanos y que finalmente la ILP sea aprobada por el Congreso. Porque es justa, necesaria y viene a dignificar los derechos de los ciudadanos”, concluyó el secretario general de UGT.