Las radios reclaman actuar ya contra las emisoras ilegales

La Associació Catalana denuncia la pasividad de las administraciones

Con la petición a las administraciones públicas de que hagan cumplir la ley y actúen contra las emisoras ilegales existentes en Catalunya, la Associació Catalana de la Ràdio (ACR) presentó ayer un informe en que se enumeraban los diferentes perjuicios que provocan estas frecuencias ocupadas ilegalmente. La ACR tiene contabilizadas 127 de estas emisoras en Catalunya, de las cuales 90 están en Barcelona, 11 en Tarragona, 15 en Girona y 10 en Lleida.

Según el director del organismo, Robert Serentill, “ya es hora de que alguien ponga freno” a estas emisoras “ilegales que no clandestinas” que cada año aumentan en número. El letrado asesor de ACR, Joan Carles Maresca, reclama el cumplimiento de la ley por parte de las diversas administraciones que tienen competencias: el Estado, la Generalitat, los ayuntamientos y el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Maresca asegura que estas administraciones no actúan o bien las medidas que toman son ineficaces. La Generalitat tiene varios expedientes abiertos y ante el silencio del Ayuntamiento, la ACR ha interpuesto un recurso contencioso administrativo que está pendiente de sentencia.

Maresca afirmó que la falta de control sobre las radios ilegales perjudica a los oyentes, a las administraciones, a las emisoras con licencia y a los vecinos de los centros emisores. En el caso de la audiencia, por la pérdida de calidad de la señal de las radios con licencia y porque no se garantizan sus derechos con respecto a los contenidos de las emisoras pirata. También salen perjudicadas las administraciones porque dejan de recaudar impuestos al tratarse de actividades sin licencia y, por otra parte, por los gastos que ocasionan los expedientes abiertos a las ilegales en los casos en que la administración actúa, aunque sea infructuosamente.

Según los datos presentados por la ACR, la pérdida de audiencia de las emisoras legales como consecuencia de la actividad de las radios pirata se sitúa entre un 2% y un 5%, y eso en términos económicos significa entre 900.000 y 2,3 millones de euros menos en ingresos.

La ACR propone crear una comisión de coordinación entre todas las administraciones implicadas para hacer cumplir la ley y cerrar las emisoras sin licencia administrativa. Otra propuesta es pedir, como pasa en otros países europeos como Francia, que la ocupación ilegal del espectro radioeléctrico sea considerada un delito penal.