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Las dificultades para erradicar los preocupantes porcentajes de paro juvenil, y los altos costes de los nuevos tratamientos contra el cáncer.
MIGUEL Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, que agrupa a los oncólogos del país, lanzó el lunes un grito de alerta sobre el encarecimiento del tratamiento contra el cáncer. En el seno del congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que se celebra en Chicago y donde se presentan los últimos avances contra la enfermedad, Martín auguró que, de seguir el alza de precios, pronto no se van a poder pagar los tratamientos contra el cáncer.
El cáncer causa estragos en la sociedad. Mucho se ha avanzado en la lucha contra esta dolencia y mucho se ha reducido el número de fallecimientos que provoca. Pero sus cifras siguen siendo enormes. En España se diagnostican más de 200.000 nuevos casos al año. Y, en el mismo periodo, el cáncer ocasiona unas 100.000 muertes. Cierto es que muchos enfermos sobreviven e incluso se libran del cáncer. Pero otros no, y se ven abocados a duros tratamientos, que revelan el coste físico, tanto personal como familiar, de la enfermedad.
Los científicos no dejan de trabajar para atajar este mal. De los laboratorios salen constantemente nuevos productos contra la enfermedad, que aportan esperanza a quienes han probado ya varios tratamientos sin lograr zafarse de ella. Obviamente, esta labor investigadora es positiva. Pero también es verdad que alumbra tratamientos de coste elevado, difícil de afrontar para muchos particulares, así como para la sanidad pública. Es el otro coste del cáncer, el económico.
Es en este punto donde el grito de alerta del presidente de los oncólogos españoles cobra todo su sentido e invita a la reflexión. La pregunta clave podría ser la siguiente: ¿de qué sirve un fármaco revolucionario, de alto potencial curativo, cuando escapa a las economías de la mayoría y se convierte en privilegio exclusivo de los más acomodados? Es sabido que, en sus fases iniciales, estas nuevas técnicas requieren importantes inversiones, a menudo de las farmacéuticas, siempre deseosas de recuperarlas. También es sabido que un incremento de la presión fiscal –ya muy considerable– para afrontar estas necesidades queda fuera de lugar. Es, pues, doblemente necesario que los diferentes agentes –investigadores, farmacéuticas, administración pública...– se coordinen en pos de un objetivo común, por encima de sus objetivos particulares. Ese objetivo común no puede ser otro que poner al alcance del mayor número posible de pacientes los mejores tratamientos. Es necesario que así sea. Y es indispensable, en términos de cohesión social, que la sanidad pública pueda ofrecer un trato igualitario a todos los ciudadanos.