Adif duda de las empresas del AVE de la Sagrera
El Estado denuncia ante la Fiscalía que las obras que las empresas dicen haber acabado son menos de las que realmente han hecho
Resulta materialmente imposible que la estación del AVE de la Sagrera esté acabada para el 2019, como sostiene el Ministerio de Fomento, a tenor de la situación actual de las obras, la paralización que han registrado desde el 2014, las sospechas que planean sobre la honestidad de algunas empresas implicadas y la desconexión que ha presidido las relaciones entre el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
Estas tres instituciones (el Estado con un 50% y el gobierno autonómico y municipal, con un 25% cada uno) forman la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad, que en teoría nació en el 2012 para todo lo relacionado con el AVE. Sin embargo, no se reunía desde julio del 2013, hace casi tres años. En este tiempo, denuncian la Generalitat y el Ayuntamiento, el Estado ha adoptado “decisiones unilaterales, injustificables y anómalas”, por usar tres de los adjetivos que emplearon el conseller de Territori, Josep Rull, y la alcaldesa Ada Colau.
Ambos lograron ayer por fin que se reuniera la sociedad de la que forman parte. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, que se limitó a leer durante casi toda su comparecencia ante la prensa y que rehuyó muchas de las preguntas que se le formularon, reconoció oficialmente por primera –hay que subrayarlo: tres años después– que las obras han estado paralizadas porque en el 2014 se detectaron “irregularidades” en las obras que las firmas concesionarias dicen que han hecho y las que han realizado realmente, lo que podría tener “trascendencia penal”. Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, ha encargado dos auditorías y ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque ya sabían algo por las investigaciones periodísticas, Rull y Colau criticaron la extraordinaria tardanza del Estado en comunicarles las irregularidades.
El Govern y el Ayuntamiento también reconocieron que eran muy escépticos ante las nuevas promesas de Adif, que son las mismas que hizo hace diez meses la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor. Hechos, y no palabras, eso exigen el conseller y la alcaldesa, que piden que las obras que no están afectadas por la investigación judicial y para las que hay presupuesto “se reactiven inmediatamente”, como por ejemplo la losa de cimentación de la Sagrera o la estación de Sant Andreu. La reunión de ayer tuvo tantos elementos descorazonadores que la Generalitat y el Consistorio se aferraron como a un clavo ardiendo a lo único bueno de que podían hacer gala: un comité técnico, que se constituyó ayer con la intención de que no vuelva a haber paréntesis tan largos. El comité se reunirá mensualmente a partir de julio. Por medio, eso sí, habrá unas elecciones generales y, como admitió la alcaldesa, está por ver cómo puede afectar eso al calendario.
Las sospechas sobre las empresas concesionarias de las obras hacen referencia exclusivamen- te, o al menos eso se le dijo ayer al conseller y a la alcaldesa, “a cuestiones de cantidad, y no de calidad”. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora con estas firmas? Una de las posibilidades no puede ser más desesperante. Deberán acabar los trabajos encargados, aunque planeen dudas sobre las rectitud de lo que han hecho hasta ahora. Ada Colau ni siquiera descartó que les sancione y que se les rescindan los contratos, lo que supondría un retraso adicional que sumar a los muchos que ya lastran este proyecto, como tantas veces han denunciado los colegios de arquitectos, economistas e ingenieros de Catalunya.