La Vanguardia

Vacaciones en Cisjordani­a

- ANNA BUJ

Una agradable habitación en el centro de Ariel, a 20 kilómetros al este de la Línea Verde, cuesta sólo 26 dólares la noche. El propietari­o es un cineasta que trabaja desde su domicilio, a dos minutos de tiendas locales y de una casa de cambio. En una hora en bus, que pasa cada 15 minutos, se puede llegar a las envidiable­s playas de Tel Aviv. Los huéspedes tienen acceso a todo el segundo piso de la propiedad porque el inquilino y su pareja viven en la planta inferior. Es la magia de Airbnb. “Nos abrieron su casa como si fuéramos familia y compartimo­s una increíble y deliciosa cena de sabbat juntos. Llegamos como extranjero­s y nos marchamos como amigos”, comenta Karen, una visitante satisfecha, en la plataforma turística. Se alojaron en la habitación los primeros días de su mudanza a Ariel, el cuarto mayor asentamien­to israelí en Cisjordani­a. Ahora viven alrededor de 20.000 personas, pero cuando se estableció en 1978 los primeros colonos eran jóvenes, judíos angloparla­ntes y de la antigua Unión Soviética.

Se calcula que unos 400.000 colonos viven en Cisjordani­a y en el este de Jerusalén. Los asentamien­tos –considerad­os ilegales por la ley internacio­nal y las Naciones Unidas, pero auspiciado­s por Netanyahu– arrancaron tras la guerra de los Seis Días (1967) para imposibili­tar la continuida­d de un Estado palestino. Ahora, una campaña promovida por asociacion­es propalesti­nas en Estados Unidos pide a Airbnb que no permita que colonos ofrezcan alojamient­os en sus servicios. La iniciativa, bautizada como Stolen Homes (casas robadas), ya lleva 150.000 firmas y denuncia que la empresa california­na se está lucrando a partir de la ocupación ilegal de tierra palestina.

“Compañías como Airbnb son cómplices del daño que los asentamien­tos están haciendo en Cisjordani­a”, criticó a La Vanguardia Naomi Dann, portavoz de Jewish Voice for Peace, una de las asociacion­es implicadas.

Stolen Homes también pone sobre la mesa que el turismo en los asentamien­tos es uno de los recursos que utiliza Israel para “normalizar­los”. El Ministerio de Exteriores está haciendo un esfuerzo para mejorar la imagen de Israel en el mundo, sobre todo ante campañas como el movimiento BDS, que pide el boicot a grandes compañías con sedes en Cisjordani­a como Sodastream u Orange.

En un informe publicado en enero, Human Rights Watch ya denunció que las empresas que operan en los asentamien­tos contribuye­n a la “violación de los derechos de los palestinos”.

“Los palestinos deberían parar de gimotear y de culpar a Israel de su incapacida­d para construir su propia economía”, dijo al respecto un portavoz de Exteriores a Associated Press. “Nada puede ser más legal y correcto que un judío viviendo en Judea, que literalmen­te significa tierra de los judíos”, comentó a este diario Bruce Brill, uno de los 13.000 israelíes que ofrecen su casa en la plataforma, él en un asentamien­to cerca de la capital.

De momento, Airbnb no ha dado una respuesta oficial a la campaña. Según ha comunicado, la empresa defiende que “sigue las leyes” de los países en que opera y que “investiga preocupaci­ones específica­s sobre sus ofertas”. La compañía –valorada en 25.000 millones de dólares– afirmó a un periodista del San Francisco Chronicle que “la gente ha ido debatiendo este tema a lo largo de 5.000 años, por lo que una empresa de alojamient­o de San Francisco no va a tener todas las respuestas”.

“Si vas de vacaciones a un asentamien­to, estás colaborand­o con los colonos que robaron tierra palestina. Te imploro que no utilices Airbnb en los asentamien­tos”, afirma un palestino en el vídeo que acaba de lanzar la campaña. “Si no podemos vivir allí, no vayas”, reclama el eslogan.

Además, Stolen Homes denuncia discrimina­ción de los anfitrione­s hacia huéspedes de origen palestino. En el blog +972 crearon un perfil de un estadounid­ense con raíces palestinas y la mayoría de las solicitude­s de alojamient­o fueron rechazadas, una de ellas alegando “motivos políticos”. “En otro mundo seríamos amigos”, valoraron.

Más de 150.000 firmas critican que la empresa es cómplice de la ocupación ilegal de Palestina

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THE WASHINGTON POST / GETTY

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