Caza de brujas

“En muchos ayuntamientos ahora mismo nadie quiere decidir sobre un proyecto urbanístico”, lamenta Yolanda Guerra, socia del bufete Cuatrecasas y responsable del departamento de urbanismo, medio ambiente y regulatorio. Por eso, en este momento de gran interés de los promotores por empezar nuevas obras, se disparan los precios del suelo finalista, con todas las licencias para empezar las obras, mientras que los que necesitan de alguna licencia no encuentran compradores. Juan Velayos, consejero delegado de una gran inmobiliaria como Neinor, destaca que ha invertido 200 millones en comprar sólo suelos finalistas: el grupo, propiedad del fondo estadounidense Lone Star, no quiere correr el riesgo reputacional de la tramitación urbanística, ni tampoco el riesgo económico de ver paralizada durante meses o años una inversión millonaria. Los ayuntamientos sufren ahora la escasez de personal de sus departamentos urbanísticos, desmantelados porque se quedaron sin trabajo durante ocho años por la crisis. Pero muchos de ellos sufren algo peor: la desconfianza de algunos ediles hacia cualquier cambio de situación urbanística, detrás de la cual ven siempre la sombra de la corrupción. Así que ante cualquier propuesta urbanística, de una recalificación a un cambio de uso, el funcionario de turno pide un informe técnico, y cuando le llega lo deja sobre la mesa a la espera de que alguien –no él– tome una decisión.

El urbanismo municipal se ha parado por temor a ser acusado de corrupción