Multas por cortar luz o gas a familias vulnerables y SOS por los desahucios
La Generalitat ha suscrito acuerdos con las suministradoras de agua para que no cierren el grifo a familias en riesgo de exclusión, en cumplimiento de la parte de la ley 24/2015 (la relativa a la pobreza energética) no impugnada por el PP. El Govern espera llegar a acuerdos parecidos con las empresas de luz y gas, aunque de momento ha abierto 88 expedientes por cortes de suministros básicos a hogares vulnerables. De estos expedientes, 18 ya han acabado en sanciones de 10.001 euros cada una, como precisó Montserrat Ribera, la directora de la Agència Catalana del Consum, al término de la reunión de la Taula d’Emergència.
Esta institución mixta, que engloba a la Administración y entidades privadas sin ánimo de lucro, lucha contra los problemas de la vivienda y la pobreza energética. Más de una decena de las entidades sociales convocadas firmaron la víspera un documento conjunto para ir a la reunión con la exigencia de “medidas concretas” y evitar otra cita “inoperativa y vacía de contenido”.
Entre las entidades firmantes está la Taula del Tercer Sector (que aglutina por sí sola a más de 3.000 organizaciones no lucrativas), Càritas, CC.OO. y UGT, además de diferentes coordinadoras y fundaciones. Otros firmantes son los tres abanderados de la ley 24/2015: la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio contra las Desigualdades Económicas, Sociales y Culturales.
Estas tres instituciones lideraron una recogida de firmas que se tradujo en una iniciativa legislativa popular, aprobada por el Parlament y contra la que posteriormente ha recurrido el PP. La PAH y sus aliados han denunciado los peligros de la anulación parcial de la ley 24/2015, aunque el departamento de Governació, que dirige Meritxell Borràs, replica que se pueden evitar los desahucios con otras leyes. Pero a las quejas de la PAH se sumaron ayer otras entidades sociales de la Taula d’Emergència, que han planteado un total de 27 medidas concretas al Govern, a los ayuntamientos y a las empresas suministradoras. Una de las exigencias pide la convocatoria urgente de nuevas ayudas para el parque público y “evitar así miles de desahucios [por impago] de alquiler a pequeños propietarios”.
El Ayuntamiento de Barcelona anunció en abril que castigaría los cortes de suministros básicos a familias en peligro. La alcaldía puso entonces a Agbar como ejemplo de buenas prácticas (“necesarias, pero insuficientes”). El Govern, que también elogia a las suministradoras de agua, dio ayer un paso adelante, con la imposición de 18 multas por cortes de luz o gas. Las empresas niegan o matizan las acusaciones y lamentan que se les exija cumplir una ley en entredicho y que aún no tiene reglamento.
Càritas, la Taula del Tercer Sector, UGT y CC.OO. piden más ayudas “para evitar miles de desalojos”