Un agujero de un millón de euros
La auditoría de Barcelona Regional revela que se desaconsejó implicarse en los proyectos internacionales que luego resultaron ruinosos
SANTIAGO TARÍN DAVID GUERRERO
El secretario del consejo de administración de Barcelona Regional (BR) desaconsejó que la empresa municipal participara en consorcios internacionales, recomendación que fue obviada para suscribir convenios en Brasil. Este es uno de los datos de la auditoría efectuada en esta sociedad, que el Ayuntamiento de Barcelona ha remitido a la Fiscalía por la posible existencia de anomalías entre los años 2011 y 2015, cuando estuvo controlada por CiU. Entre las cuestiones que se destacan en el documento figuran las pérdidas causadas por los proyectos en el extranjero, que suman 904.000 euros; la opacidad de los contratos firma- dos y las posibles contrataciones irregulares.
La agencia de desarrollo urbano no podía acudir a proyectos internacionales, según explicitan sus estatutos. En 2009 se creó Barcelona Strategic Urban Systems (BSUS) para dar el salto al extranjero tras prácticamente dos décadas de trabajo en la región de Barcelona. Esa sociedad hermana de BR no contaba con la supervisión del Ayuntamiento ni el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en su consejo de administración. Se convirtió en la plataforma perfecta para que el teniente de alcalde convergente Antoni Vives y el director general de BR, Guillermo Müller implicaran a la empresa en la redacción de proyectos para concursos alrededor del globo.
Aunque no había supervisión institucional, los recursos provenían de Barcelona Regional, lo que provocó abultadas pérdidas ya que ninguno de los proyectos salió adelante. El gobierno de Ada Colau pidió la auditoria poco después de entrar en el gobierno, la Fiscalía abrió una investigación y ahora la auditoría viene a complementar lo que se apuntaba inicialmente.
En el documento puede leerse que, entre los años 2012 y 2014, el déficit producido fue de 940.100 euros. La mayor parte se deriva de proyectos internacionales que han sido un lastre y de la recurrente participación en concursos en diferentes países, que generaron viajes y dispendios por valor de 196.437 euros. Además, se relata que estos agujeros se compensaron con los fondos que se ganaban en otros proyectos de BR, que nada tenían que ver con los que causaron los desfases, cuando no por trasferencias directas desde el Ayuntamiento o el AMB. Además, en la auditoría se destaca como cuestión grave que los costes de contratos y proyectos firmados en el extranjero no eran comunicados ni al consejo de administración ni a la junta general de accionistas de la entidad.
Para ahondar en estas presuntas irregularidades, en la auditoría se cuenta la intención de BR de participar en un consorcio en el estado brasileño de Ceará a fin de desarrollar proyectos. El 8 de octubre de 2014, el secretario del consejo de administración y asesor jurídico de la entidad, Jaume Camps, envió un mail al director de la sociedad, Guillermo Müller, y al director de relaciones institucionales, Alejandro Rocabert, desaconsejando participar en organismos de este tipo. Aún así, el 23 de octubre, Rocabert rubricó los contratos, incluso antes de recibir los poderes para ello por
Dos miembros de CiU estaban contratados por la agencia aunque no tenían ni despacho ni tareas conocidas
parte de Müller. También en el capítulo de los gastos se detallan algunos a los que no se encuentran explicación, como el pago de comidas en días festivos, entradas en Port Aventura en domingo, gastos en Brasil o el abono de una noche de hotel en Barcelona, a 926 euros, para una persona cuya vinculación con la empresa o con cualquier proyecto se desconoce.
En cuanto a los contratos suscritos en sí, también se hace hincapié en que no siempre se cumplieron los trámites previstos en la contratación pública, en lo referido a publicidad y libre concurrencia. Y se describe como se adjudicó uno, por 48.000 euros, a una persona que formaba parte de la plantilla de la sociedad, y que percibía una nómina de 101.191 euros.
Precisamente, la política de personal también ha sido puesta en entredicho por la auditoría, puesto que se describe como dos personas contratadas por la dirección general tenían tareas desconocidas. Nadie sabía en qué despacho se les podía encontrar. Se trata de Jesús Arévalo Bravo –alcalde de Cervelló por CiU entre 2011 y 2015– y Antoni Miquel Cerveró –vocalista de Los Sirex, popularmente llamado Leslie, y exconcejal convergente en Barcelona–, que percibieron emolumentos totales de 214.612 euros entre 2012 y 2015.