Uber confía en abrir en Barcelona con la futura regulación catalana
El BBVA pide otra reforma laboral y advierte de los bajos tipos para la banca
Uber confía en poder entrar en Barcelona gracias a la nueva regulación sobre la economía colaborativa que prepara la Generalitat. Lo dijo ayer Carles Lloret, director de Uber en el sur de Europa durante el curso ¿Qué hemos aprendido de la crisis?, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la UIMP de Santander.
Lloret recordó que Barcelona es la “única capital europea o ciudad de más de un millón de personas que no tiene Uber, además de ser la capital mundial del móvil”. Uber es una plataforma colaborativa que opera a través de una plataforma en los teléfonos móviles inteligentes y que pone en contacto a conductores profesionales y amateurs con clientes. En España, la compañía sólo opera en Madrid con conductores profesionales porque es donde hay suficiente número de chóferes con licencia (que es distinta a la de un taxi) ya que supera los 1.500. En cambio, en Barcelona Lloret calcula que sólo hay unas 400 licencias de alquiler de conductores con coche, una cifra que estima baja para poder dar un servicio adecuado.
El ejecutivo de la compañía –que nació en 2009 en París y que ha sido prohibida en varios países europeos como España en la versión de conductores no profesionales– explicó ayer que la regulación estatal limita las licencias de conductores privados a una por cada 30 de taxi. Pero Lloret aseguró que la Generalitat podría desarrollar su propia norma para flexibilizar esa prohibición y facilitar el acceso de Uber y otras plataformas parecidas. El conseller de Empresa, Jordi Baiget, se ha fijado como un objetivo para esta legislatura la regulación de la economía colaborativa en la que se enmarca Uber.
La versión que está implantada Uber en España es absolutamente comercial puesto que como reconoció ayer Lloret sólo opera en Madrid (y en Barcelona cuando pueda) con conductores profesionales a los que cobra una comisión del 25% de la carrera que pague el cliente. Lloret defendió que la comisión sea tan alta porque es el coste del desarrollo de la plataforma tecnológica después de asegurar que trabajan en todo el desarrollo unas 7.500 personas en todo el mundo.
En España, en cambio, sólo cuenta con ocho trabajadores ya que opera desde Holanda, donde la empresa paga el grueso de los impuestos. Lloret defendió que los conductores que trabajan para ellos sí que pagan los impuestos en España. El director general de Uber recordó ayer también el informe la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que cifra en 324 millones de euros las pérdidas originadas por la falta de competencia que en el sector de la movilidad podría introducir empresas como Uber y otras similares.
Por la mañana, el consejero ejecutivo de BBVA, José Manuel González Páramo, pidió que se cree un gobierno rápido tras las elecciones del 26-J para “un proceso ambicioso de reformas de la economía, especialmente en el ámbito laboral”. González Páramo considera necesaria una “segunda vuelta” a la reforma laboral. La opinión del ejecutivo del BBVA contrasta con la de los sindicatos y algunas fuerzas políticas que piden que se derogue la reforma laboral aprobada por el PP.
González Páramo reconoció que pese a que “la incertidumbre sobre el futuro de la política económica se mantiene en niveles elevados desde hace casi seis meses por la ausencia de Gobierno” se detecta “un deterioro evidente de la actividad”, pero sí cree que sin esa situación “la economía podría haber crecido dos décimas más en 2016”.
El que fue miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) advirtió también que una política monetaria con tipos de interés bajos prolongada durante “demasiado tiempo” provocaría una situación “problemática” a una parte del sector financiero europeo. “La política del BCE dificulta enormemente el negocio bancario tradicional de los bancos europeos”, precisó.
En la jornada de ayer participó también el comisario de Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, quien reconoció la preocupación en la Comisión Europea de que España cumpla con los objetivos de déficit público.
La plataforma colaborativa tiene sede fiscal en Holanda y ocho empleados en España