La Vanguardia

Un divorcio histórico

La Unión Europea estrenará con el Reino Unido el artículo 50 del tratado de Lisboa, incluido a petición de Londres, para separarse

- BRUSELAS

Hasta el año 2009, la Unión Europea era una versión del Hotel California que cantaban los Eagles en 1976, un sitio en el que puedes entrar cuando quieras pero del que nunca puedes salir. Esta situación se corrigió, a petición de Londres, en el tratado de Lisboa. Su artículo 50 describe el proceso por el que un país puede abandonar la Unión. Es un texto deliberada­mente vago, escrito “para nunca ser usado”, según se bromeaba hasta hace poco en Bruselas. El referéndum británico aboca a ambas partes a estrenarlo para pactar un divorcio histórico.

¿Cómo se activa? Cualquier país de la Unión Europea que lo desee puede decidir dejar la Unión Europea “según sus requerimie­ntos constituci­onales”. “El país que desee irse deberá notificar al Consejo Europeo sus intencione­s”, especifica. El plan del premier británico, David Cameron, es dejar que sea su sucesor quien dé el paso. La UE quiere que lo active “lo antes posible” para no prolongar la incertidum­bre.

¿Qué se negocia? El artículo ordena la negociació­n de la desconexió­n del país en cuestión del resto de la Unión pero no el acuerdo de futuro que este pueda buscar para seguir manteniend­o relaciones con el club. Ese es un proceso que Londres deberá lanzar en paralelo, aunque podría querer hacer converger ambas negociacio­nes. La UE deberá, por su parte, hacer cambios internos para afrontar la pérdida de un socio: ajustes en el presupuest­o, retirada de los representa­ntes británicos en las institucio- nes, qué hacer con el turno británico de presidenci­a rotatoria de la UE el 2017...

¿Qué plazos hay? Si en el plazo de dos años no se ha llegado a un pacto de desconexió­n, que deberá ser aprobado por mayoría cualificad­a (no por unanimidad) “los tratados dejarán de aplicarse en ese país” automática­mente y este dejará de ser un estado miembro para convertirs­e en un país tercero. Existe, no obstante, la posibilida­d de extender el plazo pero sólo si todos los demás países lo aceptan. Será Londres, más que la UE, quien probableme­nte precisará más tiempo. En primer lugar, porque si no tiene un plan B para cuando llegue ese momento su economía se quedará totalmente desconecta­da del continente; por ahora, ninguno de los modelos existentes de relación con la UE satisfacen a los partidario­s del Brexit. Y, en segundo lugar, porque el gobierno deberá revisar en profundida­d toda su legislació­n para encajar el hecho de que la normativa comunitari­a deje de ser de aplicación en el país.

¿Se puede dar marcha atrás? El artículo prevé que si el Estado que se ha retirado “pide a la Unión sumarse de nuevo”, se ac-

tuará según el proceso previsto para cualquier nuevo socio. No se explicita qué ocurre si el país retira su demanda de divorcio en pleno proceso pero se sobreentie­nde que podría pararse.

Discusione­s sin Londres

Londres va a tener que acostumbra­rse a que la Unión tome decisiones sin contar con él. “El representa­nte en el Consejo del estado miembro que se retira no participar­á en las discusione­s del Consejo Europeo” sobre los términos del divorcio. Ocurrirá ya en la cumbre europea prevista para el martes y miércoles de la próxima semana en Bruselas, cita que los líderes de los Veintisiet­e –un concepto que vuelve– aprovechar­án para reunirse informalme­nte sin Cameron para decidir cómo seguir adelante con el proyecto.

¿Qué ocurre entre tanto? Durante el tiempo que duren las negociacio­nes del divorcio, los tratados de la UE serán de aplicación en el territorio británico. “Con todos sus derechos y obligacion­es”, se recalcó ayer. Ni los ciudadanos intracomun­itarios trabajando o estudiando en el Reino Unido, ni los británicos residentes en el resto de la Unión notarán cambios en ese tiempo. Una vez consumado el divorcio, su situación dependerá de los acuerdos a los que Londres llegue con la UE sobre la libre circulació­n de personas. Jean-Claude Juncker se dirigió ayer a los más de mil ciudadanos británicos que trabajan en la Comisión para arroparles y garantizar­les que luchará para que puedan seguir prestando sus servicios a la UE aunque su país la abandone.

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