Barcelona Regional será fiscalizada por una comisión
El Ayuntamiento crea un grupo de seguimiento para poner la lupa en las anomalías de la agencia que está investigando la Fiscalía
Las irregularidades detectadas en Barcelona Regional durante el gobierno de CiU no serán únicamente investigadas por la Fiscalía. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer la creación de una comisión de seguimiento en la que se irán analizando las informaciones que se conozcan alrededor de las anomalías detectadas entre los años 2011 y 2015 en la gestión de la agencia de capital público especializada en desarrollo urbano.
La auditoría financiera encargada por el consejo de administración de la propia Barcelona Regional poco después de que BComú asumiera el poder sirvió para destapar el escándalo y desde hace unas semanas está en manos de la Fiscalía. A partir de ese documento y la evolución que pueda haber, la comisión seguirá de cerca la depuración de responsabilidades hasta aclarar cómo se pudo acumular un agujero de más de un millón de euros en proyectos ruinosos sin que nadie pusiera el freno.
En los próximos días se definirá el formato de la comisión, que será de seguimiento en lugar de investigación como reclamaba Ciutadans. El precedente más inmediato es la que se constituyó en el anterior mandato para seguir la evolución de la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, indicó que “se trabajará de acuerdo con la oficina de transparencia para hacerlo con rigor y llegar hasta el fondo de la cuestión”. La idea de Sanz es compartir en ese ágora los estudios e información que tengan y contar con las intervenciones de todos los grupos municipales.
El concejal socialista Daniel Mòdol remarcó la importancia de la vía escogida. “Más que duplicar el proceso de la Fiscalía lo que tenemos que hacer es velar por la transparencia en todos los procesos y por la buena imagen de la empresa y los trabajadores”, apuntó. El Ayuntamiento no pedirá responsabilidades hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre la auditoria en la que se evidencian las acciones internacionales que llevó a cabo a través de Barcelona Regional el entonces teniente de alcalde convergente Antoni Vives.
Ciutadans criticó la fórmula escogida porque “permite dosificar la información y utilizarla en bene- ficio del equipo de gobierno”, según denunció la portavoz de la formación naranja, Carina Mejías, que pidió ir más allá y exigió que se cuente con la comparecencia de técnicos que den explicaciones y políticos a los que se les puedan pedir responsabilidades por las decisiones que la auditoría de Barcelona Regional califica de temerarias y antijurídicas. El gobierno municipal rechaza esa opción, más habitual en el Parlament que en el Ayuntamiento, porque no quiere interferir en la investigación abierta. Una vez se pronuncie la justicia, entonces pedirán las responsabilidades y, si corresponde, el resarcimiento de los daños producidos.
En lo que coinciden todos los partidos, incluido CiU, es en la necesidad de llegar hasta el fondo del
PENDIENTES DE LA JUSTICIA La Fiscalía tiene abierta una investigación en la que el gobierno no quiere interferir
SEGUIMIENTO SERIO
BComú, PSC, CiU y ERC quieren evitar que la comisión sea un circo mediático
asunto. El portavoz del partido puesto en el punto de mira, Joaquim Forn, defendió la fórmula escogida en lugar de la comisión planteada por Ciutadans porque, a su parecer, “sólo serviría para hacer un juicio paralelo y desgastar el grupo municipal de CiU”. En la misma línea se pronunció el concejal de ERC Jordi Coronas. “No queremos una comisión que sea un circo, queremos transparencia absoluta y llegar hasta el final sobre cualquier sombra de sospecha”, zanjó.
De momento, lo más inmediato será un informe con el detalle de todas las cuentas y facturas relacionadas con la partida presupuestaria del Consistorio a Barcelona Regional que se deberá elaborar en el plazo de un mes a petición del PP. El popular Javier Mulleras reclamó un mayor control de la empresa pública porque “nunca se ha podido fiscalizar y se ha puesto en práctica un escapismo legal”. Por el momento, ya se ha extinguido la participación en dos programas internacionales en los que estaba involucrada la sociedad en Brasil y la contratación externa se ha reducido ajustándose a la normativa interna de la empresa.