La justicia no es como otros estamentos: la ley defiende que nadie puede influir en las decisiones de un juez Las caras de la cúpula de la justicia en Catalunya
Antes, las noticias judiciales formaban parte de eso que se conocía como la crónica negra, sang i fetge. Por los banquillos de los acusados desfilaban atracadores, asesinos, estafadores, gente de mal vivir... El gran reportero José Martí Gómez, en su último libro El oficio más hermoso del mundo (editorial Clave), los vio de otra forma: muchos eran desheredados de la fortuna, personas cuyo destino estaba marcado por la desgracia desde incluso antes de nacer, por lo cual él añadió a sus relatos un matiz desconocido hasta entonces: la piedad.
Pero ahora este panorama ha cambiado. Actualmente se enfrentan a los jueces personajes muy distintos a los delincuentes predeterminados: son políticos, banqueros, empresarios. Por ello, la justicia está ahora en el centro del debate. Los magistrados y los fiscales son fotos, nombres y apellidos en los medios de comunicación, y la sociedad se pregunta quiénes son, qué piensan y cómo se gobiernan.
Eso ocurre en España y, por ende, también en Catalunya, donde, sin ir más lejos, están en los juzgados exmiembros del Govern de la Generalitat, funcionarios de empresas públicas y directivos de compañías acusadas de pagar sobornos. Así que, ¿quién manda en la justicia en Catalunya?
Pues, aunque parezca raro, esta no es una cuestión tan fácil de responder, porque mandar, lo que se dice mandar en otros ámbitos, aquí tiene matices que son desconocidos para el gran público y que causan malentendidos.
El máximo órgano judicial en la comunidad autónoma es el Tribunal Superior de Justícia (TSJC). Su presidente es Jesús Barrientos; leonés de nacimiento pero que ha desarrollado la mayor parte de su carrera aquí, siendo especialista en derecho penal. Pero, ¿manda realmente sobre los jueces? Pues en el sentido en el que se entendería en una empresa privada o en el ejército, no. Hay una parcela en la que nadie puede entrar, garantizada por la Constitución y que es uno de los pilares del Estado de derecho: la independencia judicial. Los jueces son totalmente autónomos para tomar sus decisiones en los procesos o para dictar sentencias, y existen sistemas legales para combatirlos dentro de las leyes. Tampoco se les puede remover por las buenas o cambiar de destino por hacerse antipáticos con sus resoluciones. Dicho de otra forma, que en teoría no se puede presionar a un juez, a no ser que se deje o que tenga intereses ajenos a su trabajo. Por expresarlo de forma llana, cada juez es de su padre y de su madre.
De manera que Barrientos preside el TSJC y también la Sala de Gobierno, que es el órgano de gobierno de los jueces de Catalunya. Pero este organismo tampoco puede influir en los procesos, y sus funciones son, fundamentalmente, administrativas: de nece-
La pertenencia a una asociación judicial no presupone nada sobre la forma de trabajar de un magistrado
sidades de personal, que los órganos judiciales (juzgados, audiencias) estén cubiertos o clarificar las normas de reparto de los asuntos en los juzgados, amén de algunos cometidos disciplinarios.
En esta sala están integrados, además del presidente del TSJC, los cuatro presidentes de las Audiencias Provinciales y magistrados que son elegidos en votación por sus compañeros. La Audiencia Provincial de Barcelona está presidida desde el pasado mes de abril por Antonio Recio, un especialista en derecho civil que lleva en Catalunya desde el año 1992. Entre sus tareas están también velar por el buen funcionamiento de este órgano en política de personal o de vigilar que las causas no sufran retrasos injustificados.
Otra cuestión que describir es la afiliación de los jueces. En la magistratura hay cuatro asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. La primera es la considerada más conservadora y la segunda la más progresista. Barrientos es de Francisco de Vitoria y Recio de la APM. ¿Qué quiere decir esto? Pues para los que pisan a diario los pasillos de los tribunales, más bien poco. La verdad es que, si se miran las resoluciones, hay progresistas que parecen conservadores y conservadores que parecen progresistas. Donde sí influyen las asociaciones es en los nombramientos, por ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial, y aquí es donde se ve la mano de los partidos políticos en su composición. Este es el lugar donde se visualiza la llamada politización de la justicia. El Consejo, a su vez, designa magistrados y presidentes de tribunal, pero luego, cuando estos llegan a sus destinos, no quiere decir que atiendan consignas.
Pero el mundo judicial tiene otra pata, la Fiscalía, y esto es harina de otro costal. En primer lugar, porque esta sí es una institución jerárquica: el ministerio fiscal es único para toda España y no debe acometer iniciativas discrepantes según el lugar o la persona que la ejecuta, y el trabajo de un fiscal es supervisado por otro de rango superior. El fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno (y por eso su independencia está siempre sometida a escrutinio) oído el Consejo General del Poder Judicial y siendo valorados sus méritos por el Congreso. La función primordial del ministerio público es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
En Catalunya, el máximo representante de la institución es José María Romero de Tejada. Considerado conservador (es de la Asociación de Fiscales), lleva muchos años en la Fiscalía en tareas alejadas de los tribunales. No es hombre de polémicas, ni de enfrentamientos, ni de grandes discursos, pero su mandato ha coincidido con las mayores controversias habidas en su departamento. De entrada, su llegada a la jefatura, provocada por la remoción de su antecesor, Martín Rodríguez Sol, debido a sus opiniones sobre la posibilidad de celebrar una consulta soberanista en Catalunya. Luego, por la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N. Los fiscales del TSJC votaron en contra de la presentación, forzada por la junta de fiscales del Tribunal Supremo y que tuvo que firmar. Por debajo de él están los cuatro fiscales provinciales. En Barcelona, el cargo lo ocupa Ana Magaldi, que anteriormente a su nombramiento, en noviembre del 2012, coordinaba en la institución los procesos contencioso administrativos. También pertenece a la Asociación de Fiscales, conservadora.
A grandes rasgos, estas son las personas que mandan en la justicia en Catalunya, aunque quizás no manden tanto como se piensa o lo hagan de manera diferente a lo que se puede creer.