Ante la nueva etapa económica
LA economía española mantiene un ritmo de crecimiento robusto pese a llevar más de seis meses de parálisis legislativa y gubernamental. Todo indica que la fase expansiva de la actividad se mantendrá en los próximos meses. La responsabilidad del nuevo gobierno que se forme a partir de ahora, una vez celebradas las segundas elecciones generales, deberá centrarse en garantizar el buen comportamiento económico, aprovechar la situación para la adopción de medidas que impulsen una mayor y mejor creación de empleo y, asimismo, afrontar la resolución de los principales problemas que se arrastran de la anterior legislatura.
En la situación política que ha quedado tras las elecciones, ningún partido podrá llevar a cabo su programa económico unilateralmente. Por lo tanto, será una legislatura en la que cualquier iniciativa gubernamental deberá ser fruto del pacto entre la mayoría parlamentaria que finalmente se pueda formar. Este hecho restará capacidad de maniobra económica al nuevo gobierno, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora con la mayoría absoluta del Partido Popular. Pero en cambio ofrece dos ventajas. La primera es que no se podrá hacer borrón y cuenta nueva de algunas de las leyes en vigor, como proponían algunos partidos, lo que ofrece un claro margen de estabilidad jurídica, sobre todo en materia laboral. Y la segunda, que las nuevas iniciativas gubernamentales que se adopten habrán de gozar de un amplio consenso político y social, lo que en principio reduciría los márgenes de error.
El clima de confianza que ofrece este panorama, si no se entra en un proceso de bloqueo político constante, que es el principal riesgo, debería propiciar por sí mismo un refuerzo de las decisiones de compra, de inversión y de creación de empleo y, con ello, de la demanda interna como mayor motor del crecimiento de la economía.
La principal tarea que deberá afrontar el nuevo gobierno son los presupuestos del 2017. En esta cuestión será clave la disponibilidad presupuestaria que quedará después de los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de déficit público que finalmente se acuerden con Bruselas. A su vez ello será determinante para concretar el margen de maniobra para establecer las nuevas medidas de soporte a los más castigados por la crisis que todos los partidos han propuesto en sus programas para reducir la brecha social.
Dos problemas urgentes emergen, asimismo, en el horizonte más inmediato: la necesidad de afrontar la reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura y el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que deje de asfixiar el funcionamiento de las comunidades autónomas y de los principales servicios básicos que tienen asignados, como son la educación y la sanidad, aspecto de crucial importancia para Catalunya.
Lo más importante, porque es la base de la generación de riqueza que sustenta todo lo demás, debería ser una política decidida de impulso a la innovación y la investigación que aportase mayor valor añadido al modelo productivo español, la generación de nuevas actividades tecnológicas de futuro y la creación de empleos más estables y de más calidad. Eso exige mayor presupuesto y una profunda reforma de las universidades para despertar todo su potencial de innovación e investigación en estrecha conexión con el mundo empresarial.
En cualquier caso, en esta nueva etapa política, es enorme la responsabilidad de los cuatro partidos mayoritarios para aprovechar la gran plataforma de despegue económico, social y cultural que tiene ahora España tras haber salido de una profunda crisis que ha durado ocho años.