La Vanguardia

El PNV pone precio

El partido vasco enumera las condicione­s para un posible acuerdo con el PP.

- JOAN RUSIÑOL

El gobierno vasco lleva tiempo alertando de que la sociedad de Euskadi ha pasado página con rapidez del pasado y que la agenda para cerrar las heridas de la violencia “envejece” a un ritmo acelerado. Por eso, el lehendakar­i Iñigo Urkullu reclama pasos a ETA y al gobierno español, a quien responsabi­liza de “bloquear” el proceso de consolidac­ión de la paz. Exige a la organizaci­ón terrorista el desarme definitivo y su desaparici­ón en el plazo máximo de un año. También pone deberes al ejecutivo de Mariano Rajoy para que, de forma inmediata, acabe con la política de dispersión de presos y culmine las transferen­cias pendientes del Estatuto de Gernika, entre ellas, la competenci­a para la gestión de los centros penitencia­rios.

Con estas palabras, Urkullu colocó ayer la carpeta de la paz y la convivenci­a bajo el foco del debate político ahora que el Partido Nacionalis­ta Vasco (PNV) puede tener un papel relevante en la conformaci­ón de las mayorías en el Congreso. En una conferenci­a en El Escorial, en Madrid, el presidente autonómico dejó claro que estas cuestiones forman parte del paquete de propuestas que pondrán sobre la mesa para dialogar, tal como defendiero­n durante la campaña electoral del 26-J, al lado de las políticas de reactivaci­ón económica y la nueva relación entre Euskadi y el Estado. Con respecto al autogobier­no, el presidente vasco dejó claro que su referente es Escocia y la consulta legal y acordada. Uno de los principios que guían su gestión, y que ayer reivindicó, es la necesidad de buscar el consenso entre diferentes en una sociedad compleja.

La reflexión de fondo del lehendakar­i es que “ETA y el gobierno español no han dado los pasos que cabría esperar” y que ha tocado a su gobierno y a la sociedad vasca llenar este hueco. Su equipo ha impulsado, entre otras iniciativa­s, el instituto de la memoria Gogora, informes sobre el alcance de la violencia en Euskadi –uno de los últimos identifica 4.009 casos de tortura desde 1960– y leyes polémicas como la de reconocimi­ento de víctimas de la represión ilícita que se aprobará este mes y que el ministerio del Interior ya ha contestado. El ejecutivo del PNV considera, sin embargo, que otros actores tienen “asignatura­s pendientes”, desde “la autocrític­a política” de ETA y sectores de la izquierda abertzale hasta “cambios legales” en la política penitencia­ria. A preguntas posteriore­s a la conferenci­a, Urkullu admitió que cuando ha reclamado movimiento­s a Rajoy dentro de la legalidad existente –por ejemplo, aprovechan­do la llamada vía Nanclares para la reinserció­n de los reclusos– se ha encontrado con una negativa que responde a razones de índole “interna”, refiriéndo­se a supuestos intereses partidista­s del PP. “El proceso de pacificaci­ón llegó tarde y avanza más lento de lo que la sociedad querría”, alertó al mandatario vasco, quien, a pesar de todo, ve la paz irreversib­le después de casi cinco años desde el cese definitivo del terrorismo.

El líder vasco exige a la banda el desarme definitivo y su desaparici­ón en el plazo de un año

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JUAN CARLOS HIDALGO / EFE Íñigo Urkullu en su intervenci­ón en El Escorial

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