La Vanguardia

Una mujer da a luz por orden judicial

- TONI MUÑOZ Barcelona

Un polémico caso ha abierto el debate sobre si deben prevalecer los derechos de los pacientes aun cuando un médico advierte que existe un riesgo para su salud.

Los hechos sucedieron el pasado 11 de junio cuando los Mossos d’Esquadra se presentaro­n en casa de un mujer embarazada de Castelldef­els para requerirle que debía ir al hospital para dar a luz. Los agentes acudieron al domicilio de la paciente tras recibir una orden judicial y la escoltaron hasta el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, donde la esperaban un juez, un médico forense, un fiscal y un secretario judicial. Fue la ginecóloga de la mujer quien avisó al juez para que obligara a la mujer a personarse en el hospital.

El motivo, según cuenta la abogada de la paciente, es que la mujer se negó a que le indujeran el parto pese a que la doctora se lo aconsejó en las dos últimas visitas que hizo dos días antes. “No le supieron explicar qué riesgo concreto había para inducirle el parto”. La abogada Marta Busquets avisa que “la inducción es una intervenci­ón de riesgo y a esta mujer no le cuadraba por qué le sugerían esta intervenci­ón si no había riesgo inminente”. Según su versión, si le hubieran concretado los riesgos no hubiera tenido ningún problema en someterse a la inducción.

La mujer emprenderá acciones legales contra el equipo médico del hospital. Considera que una muestra de que se preocupó por su salud y la de su hijo fue que asistió cada día a la consulta del médico y que el riesgo no era inminente, ya que dio a luz seis horas después de ingresar forzosamen­te en el centro médico.

El hospital, por su parte, argumenta que se limitó a cumplir el protocolo.

La asociación catalana para un parto respetado, Dona Llum, que informó del caso, avisa de que “no se puede intervenir a nadie en contra de su voluntad aunque haya riesgo, y este no fue el caso”.

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