Un derribo cuesta 15 millones al Ayuntamiento
El PP denuncia el caso, en el que propietarios de pisos de lujo han sido indemnizados en cumplimiento de una sentencia
En el número 63 de la calle Dalmases (Les Tres Torres) hay máquinas trabajando. Aunque no hay ningún cartel que lo anuncie, no es para arreglar el bloque de pisos construido hace catorce años, sino para derribarlo por orden judicial. La licencia de obras concedida en el año 2000 para construir un inmueble con 15 viviendas de lujo y 34 aparcamientos fue declarada nula de pleno derecho cuando aún olía a pintura nueva por exceso de volumetría en altura y en anchura. Por dos veces se anuló el planeamiento urbanístico correspondiente (uno previo, de 1999, y otro posterior, de 2004) sin que el gobierno municipal rectificara. Cuando lo hizo ya no tuvo ningún éxito. Se presentaron diversos recursos tanto con alcaldes socialistas y convergentes, pero finalmente el Tribunal Supremo ordenó el derribo de la finca en enero del año pasado.
La historia le ha costado cara al Ayuntamiento. Concretamente 15,2 millones de euros, que han salido del superávit presupuestario aprobado el pasado otoño. El gasto corresponde en gran parte a la compra de los inmuebles (14,8 millones), que se han pagado de forma individualizada a diecisiete propietarios privados. El precio ha ido desde los 640.023 euros del más barato hasta 1.543.904 millones por los áticos.
El presidente del grupo popular, Alberto Fernández, se plantó ayer frente al edificio para criticar la gestión del caso. “Si esta chapuza la llega a hacer otro gobierno municipal que no fuese el tripartito, ahora la alcaldesa estaría encabezando las protestas sobre este despropósito que implica a sus socios de gobierno con casco y pala en mano”, declaró ayer Fernández frente al edificio de un solar que para materializar el derribo ha pasado a ser de propiedad municipal. Fuentes municipales defienden la inversión de 15 millones porque la sentencia obligaba a indemnizar a los propietarios con 12,5 millones. Por un poco más, el terreno queda en manos del Ayuntamiento y una vez acabe el derribo se le dará un uso ciudadano. Básicamente las opciones que se contemplan para el futuro, según las mismas fuentes, son dos: equipamientos o vivienda pública.
Pese a ello, el líder popular criticó ayer que “Colau vendió como una mejora en el espacio público lo que debería ser el cumplimiento de una sentencia en la partida de expropiaciones e indemnizaciones”. Alberto Fernández consideró que la alcaldesa quiere “silenciar esta chapuza” porque no se ha aportado ningún tipo de información más allá de la documentación oficial del Consistorio. Alberto Fernández también criticó que el gobierno municipal no tenga previsto iniciar algún tipo de acción contra los responsables municipales de la época por su actuación.
Para denunciarlo, el PP ha presentado una denuncia en la Oficina de Transparencia por mala praxis administrativa correspondiente a los 15,2 millones de euros de dinero público que ha costado “la negligencia política”. Los populares piden que se depuren responsabilidades y que los técnicos y políticos del momento rindan cuentas y den la cara por la concesión de la licencia y la tramitación de los planes urbanísticos del momento.