La trama del AVE trató de maquillar el fraude
Los miembros de la presunta red corrupta de las obras de la Sagrera tenía conocimiento de que estaban siendo investigados
Los responsables de las obras del AVE detenidos el pasado martes por el presunto fraude intentaron maquillar el sobrecoste porque sabían que estaban siendo investigados. Tenían conocimiento que Adif había encargado la confección de una auditoría interna cuyas conclusiones podían derivar en la apertura de una causa penal de la Fiscalía, como así ha sido.
Esta es una de las acusaciones que figuran en la querella presentada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled contra los responsables de las obras que representaban a las empresas contratistas y que fueron los principales beneficiarios del sobrecoste de 82 millones de euros detectado.
Las sospechas apuntan que “los responsables de las obras tuvieron conocimiento del expediente informativo interno y de una posible investigación de la Fiscalía, por lo que siguieron con los trabajos pero certificando menor cantidad de la realmente producida”. Dicho de otra manera, como sabían que sus actuaciones iban a ser supervisadas intentaron no certificar o certificar menos trabajos para que la cifra que arrojara la auditoría sobre el coste de la obra fuera más pareja a la certificada por ellos.
Sin embargo, la estrategia no les funcionó a juzgar por las conclusiones que se recogen en la querella.
Los excesos se habrían producido en la construcción de tres proyectos adjudicados entre el 2008 y el 2010: los accesos, la estructura y la plataforma de la estación de la Sagrera. Así, entre abril del 2014 y agosto del 2015 lograron reducir la diferencia entre lo ejecutado y lo certificado porque siguieron trabajando.
Por ejemplo, para la construcción de los accesos de la estación se certificaron “movimientos de tierras” por un importe supuestamente ficticio de 8,3 millones de euros. Al seguir trabajando consiguieron que la valoración que hizo la auditoría cifrara el coste por ese concepto en 7,1. Por tanto, 1,2 millones de diferencia, pese a que la valoración oficial señaló inicialmente un desfase de 3 millones.
El cálculo del sobrecoste será un elemento crucial para el desenlace de la causa que se inició en noviembre del 2014 a raíz de las conclusiones que arrojó la auditoría interna que encargó el propio gestor de Infraestructuras Adif y que propició una querella de la Fiscalía. Allí se destapó inicialmente un presunto desfase en una horquilla que va de los 54 a los 82 millones de euros.
Para ello, según la fiscalía, se falseó la facturación al utilizar materiales y técnicas de calidad inferior a la presupuestada y certificada con el fin de inflar sus beneficios. La investigación culminó el martes pasado con la detención de catorce personas, entre directivos y funcionarios de Adif y de las constructoras encargadas del proyecto.
Los responsables de las empresas siguieron con las obras, pero sin certificarlas para reducir el sobrecoste