Contra el olvido
Salvador Cardús reclama una respuesta contundente a los pactos entre el ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifrau para crear pruebas falsas contra sus adversarios: “Que individuos u organizaciones se aprovechen de las grietas del sistema político para enriquecerse pone en evidencia la vulnerabilidad de los mecanismos de control existentes, pero se trata de una debilidad perfectamente corregible. En cambio, la corrupción de los principios fundamentales del sistema democrático hace temer que sus mecanismos más esenciales son irreparables”.
Existe la posibilidad –y el riesgo– de que el escándalo de las conversaciones desveladas entre el todavía ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director recién cesado de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, se acabe diluyendo entre el barullo político derivado de los resultados de las elecciones del pasado 26-J y de las dificultades por formar gobierno en España. Una posibilidad gravísima porque querría decir que no sólo no se redime el daño causado, sino que se ignora la grave aluminosis que está debilitando el sistema democrático español.
No entraré en el detalle del contenido de las conversaciones porque hablan por ellas mismas. Es de cultura política básica saber que no hay democracia si no se respeta la radical independencia del poder ejecutivo y del judicial, cuya vulneración delatan las conversaciones con una infame claridad. ¿Qué es, si no, fabricar y divulgar informes falsos contando con la connivencia de las estructuras institucionales de estos dos estamentos? Y tampoco merece ningún comentario el hecho de que se registren conversaciones discretas en el propio despacho del máximo responsable de la seguridad del Estado, en un edificio ministerial protegido policialmente como un verdadero búnker, poniendo ridículamente de manifiesto su radical incompetencia.
En cambio, sí merece la atención la respuesta que han dado la sociedad española y sus instituciones a este escándalo de corrupción democrática, más grave que cualquier otro caso de corrupción económica. Al fin y al cabo, que individuos u organizaciones se aprovechen de las grietas del sistema político para enriquecerse pone en evidencia la vulnerabilidad de los mecanismos de control existentes, pero se trata de una debilidad perfectamente corregible. En cambio, la corrupción de los principios fundamentales del sistema democrático hace temer que sus mecanismos más esenciales son irreparables. La corrupción político-económica puede desmoralizar a la ciudadanía, sí. Pero la corrupción político-democrática, inclu- so si fuera aplaudida, lleva directamente a la quiebra del Estado de derecho.
Y es que, según mi opinión, la sociedad española y sus instituciones han respondido con tal tibieza al escándalo –cuando no con indiferencia– que, con voluntad o no, han acabado siendo sus cómplices. Hay periodistas y medios de comunicación que eran cadena de transmisión de las falsedades fabricadas en los despachos de los personajes citados, algunos de ellos disfrazados habitualmente de inquisidores, que no sólo no se han dado por aludidos, sino que además pretenden seguir siendo martillo de herejes. Hay analistas políticos e intelectuales siempre atentos a descubrir tics –y esencias– nazis en cualquier gesto que ponga en cuestión la sacrosanta unidad de España y que, en cambio, han contemporizado con un caso que no ha sido de consecuencias más graves por la chapucería de sus artífices. Y, claro, están esos grandes líderes políticos fabricados por la his- toria reciente de España capaces de aleccionar a medio mundo sobre cómo responder a los grandes desafíos de la democracia y que ya es hora de que digan algo sobre este atentado al Estado de derecho.
Por no responder, tampoco el PP, el PSOE ni Ciudadanos han considerado necesario que el ministro Fernández Díaz dé explicaciones urgentes en la sede parlamentaria. Y, por encima de todo, el escándalo conocido pocos días antes de las elecciones generales tampoco ha tenido ningún impacto negativo perceptible, a no ser que haya tenido alguno positivo para el partido del ministro implicado. Todo ello pone de manifiesto no sólo la baja calidad de la democracia en España, también la escasa cultura democrática general, que debería haber considerado inaceptables estas prácticas que delatan la existencia de un latente terrorismo de Estado, eso sí, más suave que el practicado por los GAL.
Imagino que pueda haber alguien que considere que mi indignación es proporcional a mi ingenuidad. Todos los estados –se me dirá– recurren a las alcantarillas para defenderse, y el Estado español no podía ser menos ante el desafío soberanista. Y es cierto que todos los estados, como las grandes empresas, tienen servicios de inteligencia para defenderse de los ataques oscuros de los adversarios. Como también es cierto que suelen actuar en los márgenes estrechos de la alegalidad. Pero, en primer lugar, no parece que pueda ser objetivo de estos procedimientos la libertad de proyectos políticos expresados pacíficamente. En segundo lugar, si en alguna cosa ha de ser cuidadoso un servicio de inteligencia, es en no corromper la independencia de poderes. Y, finalmente, si resulta que a esta inteligencia se le descubre alguna estupidez, debe pagarla de manera fulminante.
Que haya individuos con altas responsabilidades que transgredan principios fundamentales del Estado de derecho es gravísimo. Pero que lo puedan hacer con impunidad, que la respuesta no esté a la altura de la gravedad de los hechos, pone en evidencia el carácter putrefacto del sistema democrático que los ampara.
La corrupción político-democrática lleva directamente a la quiebra del Estado de derecho