Casi 50 registros y doce detenidos en Catalunya, Madrid y Andorra
La Guardia Civil desplegó un operativo que todavía no había concluido anoche
La Guardia Civil desplegó un espectacular dispositivo desde primera hora de la mañana de ayer para practicar de forma casi simultánea hasta 48 entradas y registros, por orden judicial, incluidos cinco ayuntamientos catalanes. Los agentes recabaron cuantiosa información y documentación relativa a la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos con la participación de la consultora Efial.
L’Ametlla de Mar. La gestión del exalcalde convergente Andreu Martí, detenido ayer, centra buena parte de las pesquisas. El Consistorio ebrense dejó en manos de Efial la gestión de la empresa municipal Cala Gestió (2008-2014), lo que según destacó ayer el actual alcalde, Jordi Gaseni (ERC), se acabó por convertir en un “Ayuntamiento paralelo”, mane- jando contratos por valor de 3,5 millones de euros. Otro de los doce detenidos ayer es precisamente Jaume Beltran, ingeniero de Cala Gestió. El actual gobierno municipal encargó auditar más de medio centenar de expedientes de contratación adjudicados por esta empresa pública porque ya sospechaba de su legalidad. La Guardia Civil, que considera este municipio como uno de los epicentros de la supuesta trama, entró también ayer tarde en la casa que el ex alcalde tiene en el municipio. Martí asistió al registro de su domicilio.
Tortosa. Los agentes se pasaron más de diez horas recogiendo información en el Ayuntamiento de Tortosa (Baix Ebre) y grabando documentos informáticos vinculados a la adjudicación de contratos públicos por parte de la sociedad mercantil municipal encargada asumir la gestión urbanística de la ciudad, Gumtsa, entre 2008 y 2009. El alcalde, Fe- rran Bel (CDC), permaneció en el Consistorio mientras duró el registro y destacó estar “muy tranquilo”, seguro de que la gestión de esta sociedad pública, “fiscalizada y auditada”, se ha ajustado siempre a la legalidad. Bel criticó lo que consideró una escenificación de la Guardia Civil.
Efial trabajó también para el Ayuntamiento mejor dotado presupuestariamente de la Ribera d’Ebre y de toda la demarcación de Tarragona, gracias a la presencia de la central nuclear que le reporta importantes ingresos. La policía judicial registró este Consistorio para recabar información acerca de trabajos pagados a la consultora barcelonesa. Durante el anterior mandato, el gobierno local estuvo liderado por CiU. El juzgado de Gandesa (Terra Alta) abrió una investigación en 2014 acerca de la adjudicación de un contrato a Efial por parte de la empresa municipal Ascó Serveis.
Vandellòs. La Guardia Civil investiga tres contratos adjudicados por el Consistorio de l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs (Baix Camp), también con industria nuclear, a Efial entre los años 2009 y 2011. El actual alcalde, Alfons García (PSC), puso punto final a la relación contractual con la consultora cuando asumió al cargo.
Girona. Dos agentes de la Guardia Civil se personaron hacia las doce de la mañana en el Ayuntamiento de Girona para llevarse cinco contratos vinculados con la consultora Efial. Los documentos corresponden a auditorias adjudicadas entre el 2009 y el 2015. Dos hacen referencia al servicio de aguas y el resto son de patrimonio, el Club Bàsquet Sant Josep y una última sobre subvenciones.
La Seu d’Urgell. La Guardia Civil requirió también información a este Ayuntamiento. El alcalde de La Seu, Albert Batalla (CDC), destacó que la contratación municipal ha cumplido con la legalidad.
Andorra. La Guardia Civil sospecha que “gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles”. De ahí que, a través de una rogatoria a la policía andorrana, realizara cuatro registros.
Barcelona. La Guardia Civil también presentó una requisitoria al Ayuntamiento de Barcelona en la que solicitó documentación de diversos contratos que les fueron entregados por la secretaria municipal.
Resto de la Península. Los agentes registraron los consistorios madrileños de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, así como el de Trillo, en Guadalajara. La trama también se extiende a dos ayuntamientos de Baleares, Sóller y Alaior, que ayer fueron requeridos a aportar dos contratos suscritos con esta empresa para la gestión de las multas.