El Ayuntamiento acudirá al juez para inspeccionar el CIE
El Ayuntamiento de Barcelona acudirá al juzgado de lo contencioso-administrativo para que le autorice la entrada al Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (CIE). El gobierno de Ada Colau apuesta así por el último recurso después de que ayer les fuera vetado el acceso a los inspectores municipales por segunda vez esta semana. Un portavoz de la Policía Nacional justificó que se les cortara el paso porque no tenían permiso de la secretaría de Estado de Seguridad, que es la titular de la instalación. Ayer, los inspectores tampoco pidieron la autorización y tampoco les dejaron entrar.
El Ayuntamiento ordenó la semana pasada el cierre del centro por falta de licencia de actividad y del plan de emergencias. Un resquicio legal que encontraron con la finalidad de dar cerrojazo a un centro que siempre han denunciado que vulnera los derechos humanos.
Sin embargo, el Ayuntamiento dio por hecho que podría cerrar el CIE con cierta facilidad pero el Ministerio del Interior contraatacó adelantando la reapertura del centro tras ocho meses sin actividad por reformas. La Policía Nacional asegura que no se pueden equiparar los permisos que requiere el CIE a los de un hotel. Además, entre hoy y mañana, el centro volverá a funcionar y empezarán a llegar los primeros internos.
El siguiente paso del Consistorio será el de entrar al CIE con la orden judicial y comprobar si hay personas dentro, lo que, según ellos, comportaría el precinto del centro. “El Ministerio del Interior no puede actuar al margen de la ley. Las instalaciones se deben someter a los controles que exige nuestro ordenamiento. Pediremos amparo judicial y si sigue la actividad de CIE pondremos en marcha las medidas de ejecución forzosa de la orden de cese”, advirtió ayer el teniente de alcalde, Jaume Asens.
Los inspectores intentaron sin éxito acceder al centro de internamiento por segunda vez