El abogado de la UE se opone a la devolución total de las cláusulas suelo
La resolución, que no es vinculante, supone un alivio para los bancos españoles
Estupor y sorpresa en el mundo jurídico. Enfado y malestar entre los consumidores. Júbilo en la banca. A nadie le ha dejado indiferente el dictamen del abogado general de la UE, Paolo Mengozzi, que ayer se pronunció sobre la retroactividad de las devoluciones por las cláusulas suelo en los contratos hipotecarios suscritos por la banca española.
Rebobinemos: el Tribunal Supremo, en una sentencia del 9 de mayo del 2013, declaró abusivas y nulas dichas cláusulas (que establecen un mínimo a pagar en las cuotas de la hipoteca aunque los intereses ordinarios que se han acordado con la entidad financiera estén por debajo), al considerar que hubo una falta de información expresa a los usuarios sobre su existencia. Pero los jueces limitaron la devolución de lo cobrado a partir de la fecha del pronunciamiento, al estimar que la restitución del dinero no tenía que ser retroactiva. Ahora el abogado general del Tribunal de Justicia de al UE ha respaldado esta tesis.
Paolo Mengozzi argumenta que la obligación a devolver las cantidades percibidas de forma indebida únicamente a partir del 9 de mayo del 2013 de por sí ya es “una sanción de efecto disuasorio”. El letrado da a entender que al limitar la restitución del dinero, de alguna manera se estaría protegiendo a los consumidores de un cataclismo muy superior: el desplome de la banca.
Una de las mayores críticas a su dictamen es que su argumentación no se basa en ninguna norma jurídica concreta. Es más: construye una ad hoc. En efecto, Mengozzi admite que, “a título de excepción, las repercusiones macroeconómicas pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva”.
“El dictamen del abogado general quizá haya tenido en cuenta el Brexit o la actual crisis bancaria italiana. En este sentido, es un pronunciamiento protector del sistema bancario y de la UE en su conjunto. Ha pesado el argumento de que al final, en caso de colapso de la banca, hubieran acabado pagando los mismos consumidores”, comenta Mario Lopera, experto en derecho bancario de Marimón Abogados. “Dada la trascendencia del asunto, el abogado ha considerado aspectos y elementos que no tienen un amparo legal estricto, pero la doctrina se adapta también al momento actual que vive la sociedad”, explica.
Arcadi Sala Planell, socio de BBS Abogados y uno de los primeros en llevar a juicio estas prácticas, manifiesta su sorpresa. “Es un dictamen que no tiene base jurídica que además contradice un pronunciamiento anterior de la Comisión. Habla de excepciones y esta es una aberración, porque todos somos iguales ante la ley. Es una valoración totalmente política”, denuncia.
Por su parte, las asociaciones de consumidores también muestran su disconformidad. Para Facua, las conclusiones del abogado son “indignantes y grotescas”. La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España, Adicae, cree que
CAPÍTULO FINAL En otoño el Tribunal de Justicia deberá pronunciar la sentencia definitiva
CRÍTICAS
Los consumidores estiman que se privilegia a la banca a costa de los usuarios
el abogado general “antepone los intereses de la banca a la protección de los consumidores y la propia legislación comunitaria”. Según este organismo, “el informe asume el argumento falso e interesado de ‘pobrecita la banca española, que ha hecho un fraude enorme y ahora no lo puede pagar porque entraría en quiebra’”, se queja la asociación.
En todo caso –apuntan fuentes jurídicas–, cabe recordar que también hubo muchos consumidores que eran conscientes de lo que firmaban y que ahora quieren aprovechar la ocasión en contra de los bancos. “Habría que ver caso por caso, y esto en la práctica es muy difícil porque habría que contrastar su versión con las declaraciones de la entidad y esto es una cuestión de difícil prueba y compleja de aclarar”, señalan dichas fuentes.
Las opiniones del letrado no son vinculantes y es el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo el que deberá dictar sentencia definitiva, prevista para finales de este año. La OCU espera que para entonces los jueces “dejen de lado los argumentos políticos y económicos y se limiten exclusivamente a aplicar la ley, que establece restituir las prestaciones desde el momento inicial”. “La banca ha ganado una batalla, pero no ha ganado la guerra”, advierte Lopera. De hecho, el BCE ha obligado a BBVA, CaixaBank, Popular, Sabadell y Bankia a incluir en el test de estrés que tendrá lugar este mes el impacto que tendría una hipotética decisión final aversa del tribunal europeo.