Asesinadas por defender la Tierra
Crece el número de mujeres víctimas de la represión en los conflictos ambientales causados por el extractivismo
a muerte de Lesbia Yaneth Urquía, la ambientalista hondureña asesinada cuatro meses después del crimen que mató a su compañera Berta Cáceres, viene a subrayar los peligros añadidos que sufren las mujeres que se oponen a los proyectos extractivistas. El suceso fue catalogado como un “feminicidio político” cuyo objetivo de “callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”. Así lo consideró el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En el 2015, sólo en Latinoamérica fueron asesinadas 10 mujeres al enfrentarse a proyectos públicos o privados que comportan un a atentado contra el medio ambiente y contra las condiciones de vida de los indígenas, según Global Witness.
Las mujeres son a menudo víctimas de estos crímenes políticos porque, “por un lado, son más vulnerables en la sociedad y, por otro, hacen una mayor denuncia y resistencia contra el extractivismo, porque les afecta directamente”,
según explica Yayo Herrero, directora general de la Fundación Fuhem. “En muchas de estas comunidades, las mujeres son las que se encargan de tareas como la búsqueda y utilización de recursos, como el agua. Por tanto, son más conscientes de la importancia de mantenerlos para sostener un nivel de vida que la comunidad ha conseguido, en parte, gracias a ellas”, asegura.
Otra víctima fue María Ofelia Mosquera, una abogada colombiana que defendía los derechos de las comunidades a la propiedad de la tierra. Fue hallada muerta en una playa el pasado diciembre. Otros nombres de mujer sonaron menos y muchos de ellos ni se han conocido. “Hemos documentado 10 muertes de mujeres en Latinoamérica, pero pueden haberse producido otros muchos casos no denunciados o no verificados”, apunta Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness. ¿Por qué van a por las mujeres? “Puede influir que haya una menor intención en investigar crímenes contra las mujeres en algunos países, porque ellas a menudo son consideradas ciudadanas de segunda clase. Esto supone una mayor probabilidad de que los autores salgan impunes tras el asesinato y de que los crímenes políticos no se resuelvan. Además, así se envía el mensaje de que los más vulne- rables en la sociedad pueden ser silenciados, y por tanto desalienta el futuro activismo para las mujeres”, explica Kyte.
La muerte de Berta Cáceres, que falleció el pasado mes de marzo a manos de sicarios, expandió una ola de indignación mundial. Pese a las amenazas de muerte, secuestro, violación y linchamiento, Cáceres continuó su campaña para evitar que se construyera la central hidroeléctrica de Agua Zarca –que finalmente no salió adelante– porque cortaría el curso natural de las aguas que abastecen la población indígena Lenca.
Una vez más, la historia se repite, y fue el turno de Lesbia Yaneth Urquía. Lesbia centró su actividad en paralizar la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I, propiedad del marido de la vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López. El proyecto, ya operativo, ha causado desplazamientos y ha bloqueado el abastecimiento de agua a ocho comunidades. Los Lenca, etnia mayoritaria en Honduras, pedían que se respetara el Convenio 169 de la OIT, por el que las empresas que promueven estos proyectos deben realizar una consulta previa a las comunidades afectadas. Al respecto, Billy Kyte asegura que no se consultó a la comunidad, y que hubo “mucha interferencia política”.
Diez mujeres latinoamericanas que combatían proyectos extractivistas fueron asesinadas en el 2015
“El juzgado local intervino en los intentos de consulta”, declara.
A sus 49 años y madre de tres hijos, Lesbia fue asesinada a machetazos. Encontraron su cadáver en un vertedero cerca de Tegucigalpa. Copinh culpó del suceso “al gobierno de Honduras, dirigido por Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales, y a todas las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”. También responsabilizó a la vicepresidenta del Congreso y a su marido, propietario de la constructora de la represa, Arnold Castro, “por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos”.