...y el arzobispo falsificó un documento
En 1966, el arzobispo Marcelo González se expuso a ir a la cárcel para lograr el indulto de cuatro sacerdotes
El año 1966 fue bastante movido tanto desde el punto de vista social como político en Catalunya. La creación de la Taula Rodona, primer organismo unitario de la oposición, la fundación de CC.OO., la I Asamblea de Intelectuales... Desde que el 22 de febrero se anunció el nombramiento de Mns. Marcelo González como obispo coadjutor de Barcelona se inició la campaña Volem bisbes catalans. Luego vino la Caputxinada (por la creación del Sindicat Democràtic d’Estudiants) y tras la detención y torturas al estudiante Joaquim Boix la insólita manifestación de sacerdotes en Via Laietana. Este diario publicó un amplio reportaje (8-V-2016) sobre esta manifestación, con documentos y fotos inéditas. Ahora un testigo directo de las secuelas de aquel episodio, quien fue secretario del arzobispo Marcelo González, aporta nuevos detalles sobre el posterior indulto de cuatro de los implicados. / J. Playà
Con ocasión del 50 aniversario de la manifestación de sacerdotes del 11 de mayo de 1966 se publicó en La Vanguardia un reportaje titulado “El día que hablaron las sotanas”. En las últimas líneas se da entender que el indulto de los cuatro sacerdotes procesados y condenados se produjo por influencia del Nuncio del Papa en España, Monseñor Luigi Dadaglio. Fui secretario particular del cardenal Marcelo González durante toda su vida de obispo y llegué a Barcelona con él un 17 de mayo de 1966 y con él salí de aquí para venir a Toledo un 20 de enero de 1972. No viví los hechos a que se refiere el reportaje, que sucedieron una semana antes de mi llegada, pero si viví en primera línea las gestiones hechas para conseguir el indulto.
Durante el estado de excepción de 1969 se celebró en el Tribunal de Orden Público la vista oral de los cuatro sacerdotes procesados por la manifestación de tres años antes. Dos eran diocesanos de Barcelona (Ricard Pedrals y Antoni Totosaus), uno de Vic (Josep Dalmau) y el otro capuchino (Jordi Llimona). En la sentencia les condenaron a un año de reclusión, que cumplirían en una casa religiosa, de acuerdo con el concordato de 1953, y el obispo diocesano tenía que comunicar al TOP la casa en que debían estar internados.
El arzobispo don Marcelo González habló detenidamente de este asunto con el ministro sin cartera Laureano López Rodó, barcelonés de nacimiento; con Tomás Garicano, ministro de la Gobernación, que había sido Gobernador civil de Barcelona hasta unos meses antes, y con el ministro de Justicia, Antonio Oriol, los tres católicos sin tacha y buenos amigos, y los tres le prometieron que harían todo lo posible para que el Gobierno concediera inmediatamente el indulto. Escribió, además, una carta dirigida al Jefe del Estado, Generalísimo Franco, que dio en mano al ministro de Justicia, el cual la entregó personalmente al destinatario. La dificultad estaba en que para conceder el indulto, los condenados tenían que empezar a cumplir la pena y, por tanto, debían ingresar en prisión. En estos casos, en una casa religiosa que se señalara. Y, una vez que empezaran a cumplir la condena, inmediatamente serían indultados. Ahí estaba el problema y ese momento sería la ocasión para empezar una campaña, que no se veía qué repercusiones iba producir, pero iban a ser muy graves, entre otras la gran división entre los sacerdotes y católicos de Barcelona y de toda España [Josep Dalmau le dijo al nuncio que “si vamos a la cárcel, en Barcelona habrá huelga de misas”] (…) Ese, según criterio de Don Marcelo, era el hecho que había que evitar. Y por lo tanto había que buscar una solución para que les concedieran el indulto sin que tuvieran que empezar a cumplir la condena, incluso sin que ellos lo solicitaran, ni siquiera se enteraran deque alguien, sin ellos saberlo, lo estaba pidiendo.
Don Marcelo, de acuerdo con el querido Dr. Masnou, obispo de Vic, y con los cuatro obispos auxiliares señalaron la correspondiente casa religiosa. Se encargó de ello el obispo auxiliar Dr. Guix, que fue a ver al Dr. Masnou, el cual dio su consentimiento para el plan que le fue propuesto de parte de Don Marcelo. De la casa religiosa escogida sólo el Superior de la misma se enteraría, nadie más de la comunidad. La casa elegida fue la de los Filipenses, en la plaza de Sant Felip Neri, de Barcelona.
El asunto lo prepararon en el arzobispado con la asesoría jurídica de Ignacio Gispert, abogado del arzobispado y decano del colegio de Abogados de Barcelona, que después fue conseller de Justícia de la Generalitat, y tenían conocimiento del asunto (no de todos los detalles) el nuncio apostólico y el ministro Antonio Oriol.
Llegado el día de ingreso en prisión de los cuatro encausados, el 4 de marzo de 1970, el Dr. Guix, como vicario general y por mandato del arzobispo, comunicó al TOP “el lugar en que habían empezado a cumplir la condena”, señalando la dirección exacta y el teléfono de la casa. Al día siguiente, el P. Serafín Alemany, superior del oratorio de Sant Felip Neri, certificó por escrito dirigido al TOP que los cuatro encausados estaban internados en aquella casa y observaban muy buena conducta.
El fiscal del TOP llamó a la casa en un momento en el que el Superior P. Alemany no se encontraba allí. Cogió el teléfono un empleado que estaba en la portería, el cual no sabía nada de la operación montada y dijo al fiscal que allí no había nadie cumpliendo ninguna condena. El fiscal, extrañado y enfadado, llama al Dr. Guix, el cual le dijo que era el arzobispo quien llevaba personalmente el asunto (…) El fiscal dijo que “el hecho constituye delito suficiente para decretar prisión del culpable”. Don Marcelo llamó al ministro de Justicia y le dijo que el responsable de todo era él, como arzobispo, que lo había hecho de forma consciente y voluntaria y que, si querían encontrarle, ya sabían cuál era su dirección para que, si llega el caso, le detuvieran (…) “Busquen –insistió– la solución que crean oportuna”, y repitió que él, como Arzobispo, se hacía responsable de todo y no rehuía cargar con las consecuencias, incluso la de ir a prisión. En plan de verdadero amigo, aconsejó al ministro que buscara una solución “con quien sea” para que el asunto quede sobreseído” (…) Con buen criterio, el ministro hizo lo que pudo y al día siguiente llamó por teléfono a don Marcelo, diciendo que el Gobierno había concedido el indulto (…) A los pocos días los cuatro encausados recibieron la citación para que acudieran al juzgado, Allí fueron, creyendo que les iban a comunicar dónde y cuando iban a empezar el cumplimiento de la condena. Los citados quedaron sorprendidos cuando les comunicaron que habían sido indultados, sin que ellos lo hubieran solicitado [el BOE del 22 de abril publicó el indulto para los cuatro participantes en la protesta y para otros tres sacerdotes –Eduard Fornés, Andreu M. Vila y Josep M. Garrido– que ya se hallaban en prisión por haber participado en manifestaciones posteriores].