La juez deniega al Ayuntamiento el permiso para entrar en el CIE
El plan del Ayuntamiento de Barcelona para cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca se ha visto frustrado a las primeras de cambio. La juez de lo contencioso administrativo denegó ayer la autorización de los técnicos municipales para que inspeccionen el centro.
El Consistorio solicitó a la justicia que le diera la orden para poder entrar después de que el Ministerio del Interior negara por partida doble el acceso al CIE de los inspectores municipales.
El principal argumento que aduce la juez es que duda que el Ayuntamiento pueda ordenar el cierre de una instalación por la falta de licencia de actividad como si lo equiparase a un hotel o a un restaurante. “Existen serias dudas sobre la competencia del Ayuntamiento para ordenar el cierre del CIE por no disponer de licencia de actividad como establecimiento asimilado a los de hostelería, licencia que, aparte de otras consideraciones, no se ha exigido por el Consistorio en los diez años de funcionamiento del centro”, escribe la juez en la resolución.
Ésta última referencia sobre la década que lleva funcionando el CIE también es relevante. En el escrito, la juez destaca que el ejercicio de la actividad del CIE le consta al Ayuntamiento desde mayo del 2005 “sin que haya opuesto objeción alguna”.
El gobierno de Ada Colau inició una ofensiva contra el CIE ha ce tres semanas, anunciando el cierre por incumplimiento de la normativa municipal por falta de licencia de actividad y de plan de evacuación. Posteriormente mandó a los inspectores municipales para que revisaran si en la instalación se llevaba a cabo la actividad de internamiento de extranjeros por la cual no ostentaban licencia y el Ministerio del Interior no les dejó entrar alegando que debía pedirse el permiso para acceder al recinto a la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la titular de la instalación.
Ante esta negativa el Ayuntamiento acudió a la justicia para que le dejara entrar y así poder comprobar sí había internos en el CIE, una circunstancia que el ministerio nunca negó sino todo lo contrario. Anunció que la semana pasada ingresó el primer recluso tras un parón de ocho meses por unas reformas en el equipamiento. Por ello, la juez cree que es “público y notorio” que el CIE está nuevamente en funcionamiento, de ahí que para comprobar esa circunstancia no se requiere la autorización judicial” “y la prensa se ha hecho eco de ello”, apostilla la magistrada.
El Ayuntamiento recibió con preocupación la resolución. Según el cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens. la decisión judicial “alimentan la imagen de opacidad del CIE y cuesta de entender”. Sin embargo, apuntó que si la juez da por hecho que es evidente que el centro está en funcionamiento, ahora se plantean saltarse la inspección y pasar directamente a la siguiente fase y ordenar el precinto de la instalación. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando esta posibilidad. El aval judicial era el primer paso del plan del gobierno de Ada Colau para cerrar el CIE de la Zona Franca. Un proceso que cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Parlament, varios partidos y entidades que el lunes posaron juntos después de una reunión de urgencia.
Alberto Fernández (PP) cree que “este varapalo judicial es una cura de humildad a la prepotencia de Colau, con la que busca el enfrentamiento institucional con el Gobierno de España y con el Partido Popular para silenciar sus carencias”.
El Consistorio plantea saltarse la fase de inspección y dictar una orden de precinto de la instalación