El PP, procesado por destruir ordenadores de Luis Bárcenas
Cuando una reciente reforma del Código Penal (2010) extendió la responsabilidad penal a las personas jurídicas se tuvo la certeza de que la nueva figura iba a dar mucho juego y polémica. Y los está dando. Ayer, por la decisión de la juez de uno de los juzgados de instrucción de Madrid, Rosa María Freire, de procesar al PP junto a tres cargos de la formación, todos ellos acusados de los delitos de daños informáticos y encubrimiento, en relación con la destrucción de los ordenadores que el extesorero popular, Luis Bárcenas, utilizó mientras trabajaba en la organización.
Los tres procesados junto al PP como persona jurídica son su actual tesorera y gerente, Carmen Navarro; el asesor jurídico, Alberto Durán, y el director de los sistemas de información del partido, José Manuel Moreno. Según la juez Freire, el PP incurrió en los supuestos daños informáticos “por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito”. Y añade que en la actualidad “no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede”.
El PP –que ayer mismo anunció un recurso contra la resoluciónnunca ha admitido que pretendiese destruir información sensible alguna que hubiera estado en poder de Bárcenas. La tesis que ha venido manteniendo la defensa es que se reasignaron los ordenadores, para su posible reutilización, sin que nadie la emprendiera a martillazos con ellos ni cosa similar, porque nunca hubo motivos. En este sentido, el PP rechazó ayer el auto de la juez por dar credibilidad a Bárcenas y a sus “acusaciones sin pruebas”. El PP añadió que el propósito de su extesorero es “dañar la imagen” de la organización, que queda así en situación de “indefensión”.
La juez Freire, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, estima, en cambio, que el PP como organización incurrió en posibles responsabilidades penales por haber borrado dichos ordenadores de su extesorero. La versión de Bárcenas, que es el principal denunciante –junto a IU–, consiste en que lo que se guardaba en ellos era nada más y nada menos que la prueba fehaciente de la supuesta financiación irregular del PP. Es decir, los traídos y llevados “papeles de Bárcenas”, con la lista de los presuntos sobresueldos y las donaciones recibidas durante años de benefactores diversos.
La magistrada expone que el encubrimiento se habría producido “por la determinación de impedir” que datos sobre la contabilidad paralela “pudiesen acceder a la investigación”. De este modo, se acordó “su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer” lo que “se almacenaba en su interior”.
La juez denuncia la eliminación de datos contables, y el PP anuncia que presentará recurso