Forcadell, último recurso
La impugnación ante el TC menciona que la remoción puede darse en el futuro
El Gobierno central se reserva la opción de suspender de funciones a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Pese a su gravedad, la petición de que el Tribunal Constitucional (TC) abra la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no es la medida más contundente que el Gobierno ha estudiado durante los últimos días para dar respuesta al nuevo impulso proporcionado desde las instituciones catalanas al proceso de ruptura con España. Los informes técnico-jurídicos solicitados por el Ejecutivo a la Abogacía del Estado contemplaban la posibilidad, plenamente legal, de subir aún más el listón y solicitar del Constitucional que iniciara el proceso para apartar a Forcadell de su cargo como presidenta de la cámara autonómica.
El Gobierno, sin embargo, optó por no agotar en esta ocasión la munición jurídica y prefirió dar una respuesta de calado, pero sin vaciar el polvorín de la legalidad, al considerar que llevar la respuesta hasta sus últimas consecuencia podría tener más inconvenientes que ventajas para asegurar la efectividad de las medidas adoptadas. Ciertamente, la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Constitucional pone en manos de esta institución la posibilidad de suspender en sus cargos a quienes incumplan sus sentencias o impidan dicho cumplimiento a terceros. Pero esta atribución siempre generó grandes reservas entre los propios magistrados del TC, que nunca querrían verse en una situación en la que tuvieran que tomar esta medida extrema.
Desde mucho antes de la votación en la que el Parlament aprobó el pasado miércoles las conclusiones de la comisión de estudio sobre el Procés Constituent, el Gobierno era consciente del grado de rechazo que existe en el TC a la previsión legal que le faculta para suspender a cargos públicos. Sin embargo, la medida fue contemplada, y en el escrito presentado ante el Constitucional se menciona su posible aplicación si se producen nuevos incumplimientos de resoluciones de esta institución.
La Abogacía, a su vez, no aplicó criterios de criba o selección política a la descripción de las facultades que el Ejecutivo tiene en su mano para hacer frente a posibles casos de desobediencia frente a las resoluciones del Constitucional. Por ello, desde dicha instancia se hizo simplemente constar que entre los mecanismos que puede activar el TC a petición del Gobierno figura el de la remoción de cargos públicos, en este caso el de Forcadell como presidenta del Parlament. La Abogacía, de hecho, no propuso medida alguna. Se limitó a poner sobre la mesa todo el instrumental quirúrgico a disposición del Ejecutivo y de la institución encargada de velar por la vigencia y aplicación de la Constitiución, el TC. “Esto es lo que podéis hacer, ya me diréis”, hubiera podido ser la conclusión de los informes técnicos. Y el Gobierno optó por una respuesta contundente, al abrir la vía penal contra Forcadell, pero no todo lo radical que hubiese podido ser.
Aunque suele decirse que el derecho penal es el último recurso, la última ratio, para asegurar el cumplimiento de las leyes, en este caso había otra medida, la de la suspensión de Forcadell, que podía ser más rápida y dura que la apertura de una causa judicial, cuyo curso y tiempos, ya se sabe, son muchas veces difíciles de prever. Aun así, el Gobierno prefirió seguir esta última vía. En primer lugar, porque la medida es y parece rotunda. Eso era lo principal, en parte. Demostrar firmeza. Y en segundo término, porque nadie quería correr el riesgo de pedirle al TC la suspensión de Forcadell y que dicha institución rechazara la medida, por excesiva.
A estos factores se añadía la consideración de que hay instrumentos legales que son más útiles si se exhiben que si se emplean. Y, por último, se manejó también, como dato para evitar la suspensión, la posibilidad de que la conducta política del sustituto de Carme Forcadell fuera aún más favorecedora de situaciones de tensión entre instituciones, aparte del efecto nutriente que pudiera tener para las fuerzas soberanistas la imagen de una presidenta del Parlament de Catalunya desalojada de su despacho. Se quiso evitar, por tanto, una reacción que hubiera podido derivar en una imagen de desproporción en la respuesta a la iniciativa rupturista. Otro inconveniente de esta medida era que el Constitucional pudiera aparecer como brazo ejecutor de las estrategias del Gobierno, una imagen que en aquella institución sólo produce desasosiego.
Por todo ello, se llegó a la conclusión de que lo mejor era pedirle al Constitucional que anule el nuevo paso dado en el proceso soberanista y que deje a Forcadell a los pies de la justicia penal. En conclusión, hay ocasiones en que el poder político, por inverosímil que parezca, contempla la apelación a la independencia judicial como una de las grandes virtudes del sistema.
La presidenta del Parlament, por otra parte, estará de vacaciones en Etiopía entre el 3 y el 12 de agosto. Las notificaciones pertinentes, por tanto, llegarán en ese periodo al presidente en funciones.
JOSÉ MARÍA BRUNET Forcadell estará en Etiopía del 3 al 12 de agosto, lo que puede incidir en las notificaciones