La Constitución y Rajoy

Mariano Rajoy esta vez ha aceptado ser candidato a la presidencia del Gobierno, pero con reservas. Ha dado a entender que si no se asegura los votos suficientes no se presentará ante el Congreso para someterse al procedimiento de investidura. A partir de ahí se han alzado voces que han considerado que, si no lo hace, incumplirá la Constitución. Me uno a ellas, y quisiera exponer mis argumentos.

Empecemos por señalar el precepto de la Constitución (CE) que directamente tiene que ver con el asunto. Dice el artículo 99.2 CE que el candidato propuesto por el Rey “expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.” “Expondrá”, al igual que “solicitará”, tienen un sentido imperativo. Se impone una obligación, y el hecho de que no prohíba cualquier conducta contraria es irrelevante, como es propio de las normas jurídicas que establecen un deber. Así, por ejemplo, si una señal de tráfico nos obliga a girar a la derecha, no hay que esperar que nos prohíba también seguir de frente o girar a la izquierda. Si el art. 85 CE dice que “las disposiciones del Gobierno que contengan el título de Decretos Legislativos”, no es necesario prohibir se llamen “Decreto ley”, “Edicto ejecutivo”, o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

La obligación del candidato propuesto es presentarse ante el Congreso, y no hace falta prohibir que renuncie, como no hace falta prohibir que se presente ante el Senado en lugar de hacerlo ante el Congreso. La obligación existe. No es una sugerencia, ni se está dando permiso al candidato propuesto para que, si lo estima oportuno y cuando le venga bien, se presente ante los diputados a solicitar su voto. Pero, dicho esto, muchos señalan que no se puede obligar a nadie a pedir la investidura, a pesar de haber sido propuesto. Eso es cierto, pero, quisiera destacar algo que me parece importante: una cosa es que no se pueda exigir el cumplimento de un deber y otra concluir que por ello la obligación deja de existir.

Habría casos en los que todos entenderíamos que un candidato propuesto renunciara, como son circunstancias de tipo personal o familiar. Sin embargo, no puedo aceptar como excusa la incapacidad de asegurarse previamente el éxito de la investidura. Eso iría más allá de incumplir la obligación que claramente establece el art. 99.2 CE, al que ya he hecho mención. Supone, a mi modo de ver, una omisión que atentaría contra el carácter parlamentario de nuestro sistema político, que se establece en el art. 1.3 CE, en el art. 99 y en todo el Título V de nuestra norma suprema. Esa arquitectura constitucional asegura unos mínimos de calidad democrática en nuestro sistema político, de dos maneras: mediante la deliberación parlamentaria y la posibilidad de controlar al Gobierno.

Hemos lamentado muchos que el Gobierno en funciones del presidente Rajoy se haya negado a aceptar el control parlamentario. Si el candidato Rajoy renunciara a comparecer ante el Congreso, se privaría a la opinión de un componente fundamental de la calidad de la democracia. La discusión ordenada, previa a una decisión política, no es una liturgia decimonónica que pueda ser sustituida por tertulias o cualquier forma de infotainment. Es un momento imprescindible para que la ciudadanía pondere los argumentos y la credibilidad de unos y otros. El candidato expone su programa, y en el debate subsiguiente se expone a las razones de sus oponentes y a los de sus partidarios. La votación deja vencedores y vencidos, dentro y fuera de la Cámara, pero cada sector ha podido escuchar las razones de los otros. Y eso es fundamental para mantener vivo el pluralismo político, que, dicho sea de paso, también es uno de valores superiores del ordenamiento jurídico como dispone el art. 1.1 CE.

Una de las metáforas más sugestivas para comprender el funcionamiento de las instituciones la propuso hace mucho Maurice Duverger. Quienes actúan en ellas pueden compararse a los personajes de la Commedia dell’Arte: el Capitán, Arlequín, Colombina... Incluso (¡ay!) un jurista pomposo, il Dottore, licenciado en Bolonia. Las representaciones de la Commedia dell’Arte no estaban pautadas por un texto de autor, sino que los actores improvisaban respetando la lógica propia de cada personaje. Es una buena metáfora, pero no lo explica todo de una democracia como la nuestra, donde la Constitución acota el papel de los actores. Con obligaciones, que, si se ignoran sin que nadie se queje, terminarán por parecer tan vacías y artificiosas como las máscaras.

El candidato propuesto debe presentarse ante el Congreso, la obligación existe, no es una sugerencia