Judicatura y burocracia
La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la propuesta de ruptura con España aprobada por el Parlament con los votos de JxSí y la CUP; y la inoperancia de Bruselas ante los retos de la gran migración a través del Mediterráneo, puesta de relieve esta vez con la tardía implantación de una guardia costera común.
EL pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer la aprobación por el Parlament de Catalunya de las conclusiones rupturistas de la comisión de estudio del Procés Constituent, votadas el miércoles pasado, y advirtió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la Mesa de la Cámara, de posibles responsabilidades penales si ignoran esta suspensión. El TC abre un periodo de 20 días para que las partes afectadas puedan explicarse, por lo que la decisión final se pospone al mes de septiembre. Esta es la primera vez que el Alto Tribunal alude a sus nuevas facultades de sanción y advierte de las consecuencias que puede comportar hacer caso omiso a sus decisiones. Y comunica su providencia a las dos primeras autoridades de Catalunya.
La resolución ha sido aprobada por unanimidad, lo cual es un dato clave. El presidente Francisco Pérez de los Cobos ha conseguido mantener la unidad del tribunal. Hay una notable distancia con el duro pronunciamiento de la Abogacía del Estado, la semana pasada, señalando que veía motivos para actuar penalmente contra la presidenta del Parlament. El escrito de la Abogacía daba argumentos al Gobierno para pedir la suspensión de la presidenta de la Cámara catalana ante una situación de “perturbación exageradamente grave del orden constitucional”. A la vista de ese informe, el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes pedir al Tribunal Constitucional que suspendiese y anulase la resolución aprobada por el Parlament y se dirigiese a la Fiscalía para que estudiase actuar penalmente contra la presidenta Forcadell. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha decidido suspender cautelarmente el documento aprobado por el Parlament y abrir un periodo de veinte días para que todos los concernidos, comenzando por la presidenta Forcadell, den su versión de la votación. Conocida su respuesta, en la segunda quincena de septiembre, el Tribunal Constitucional decidirá sobre la posibilidad de instar acciones legales a la Fiscalía. En estos momentos no hay actuación penal alguna. El TC examinará la cuestión en la segunda mitad de septiembre. Un pleno fijado para los días 7 y 8 de septiembre, previsto para otros temas, ha quedado inicialmente suspendido. Conviene prestar atención a este dato. El Tribunal Constitucional no entrará en el fondo de la cuestión hasta después de la fiesta del Onze de Setembre. No hay que ser extremadamente perspicaces para adivinar que en la resolución aprobada ayer por unanimidad late el propósito de atemperar el clima político y de evitar un ambiente de drama ante la celebración del Onze de Setembre, fiesta nacional catalana. Si alguien confiaba en que el Tribunal Constitucional echase más gasolina al fuego, se ha equivocado.
Es bueno que no se pierda la serenidad. La celebración del Onze de Setembre sin duda volverá a ser este año un éxito de público, puesto que la cuestión de fondo subsiste y la corriente soberanista tiene un auténtico grosor social. Es positivo que el Onze de Setembre se celebre con serenidad, mientras el president Carles Puigdemont se prepara para superar la cuestión de confianza del 28 de septiembre. Sería de esperar que la ausencia de drama no invitase a la CUP a atornillar todavía más a Junts pel Sí. No sabemos si en aquellas fechas habrá Gobierno en España. La serenidad es más necesaria que nunca en esta fase política extremadamente complicada, en la que la cuestión de Catalunya sólo podrá resolverse desde la inteligencia, el pacto y la generosidad.