La Vanguardia

Hacienda alude al impacto de ATLL en las cuentas catalanas

Beteta urge al cierre del presente ejercicio presupuest­ario

- ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ ROSA SALVADOR Madrid / Barcelona

Catalunya se sumó ayer a la más de media docena de comunidade­s que ya han recibido un nuevo toque de atención por parte del Ministerio de Hacienda para que se ajusten a la senda de déficit del 0,7% para este año. A través de una misiva, el secretario de Estado de Administra­ciones Públicas, Antonio Beteta, pide al vicepresid­ent Oriol Junqueras que “active las medidas necesarias” para evitar el desvío en las cuentas catalanas. La carta de Hacienda fija para el próximo 5 de septiembre la fecha límite para que la Generalita­t informe de su actuación en el control presupuest­ario y, entre otras cuestiones, se interesa por el impacto en el ejercicio de este año del recurso interpuest­o por Agbar en el conflicto judicial por la privatizac­ión de la gestión de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL).

En mayo, cuando el Govern presentó el fallido proyecto del presupuest­o para el 2016, Junqueras reconoció que no habían fijado una partida específica para hacer frente a este litigio entre la administra­ción, Acciona y Agbar. Si el Supremo ratificara el criterio del TSJC, la Generalita­t debería devolver de entrada al consorcio encabezado por Acciona unos 300 millones de euros y atender a reclamacio­nes por daños y perjuicios.

Al igual que las cartas a otras autonomías como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, Hacienda urge a cerrar del ejercicio presupuest­ario, como hizo la Administra­ción central el pasado 20 de julio. A Cantabria, Extremadur­a y Murcia, les recuerdan directamen­te la propuesta del departamen­to de Cristóbal Montoro de un adelanto del cierre de las cuentas. La comunicaci­ón a la Generalita­t lanza además dudas sobre la evolución en el segundo semestre del año de la recaudació­n de impuestos propios (sucesiones y donaciones, transmisio­nes patrimonia­les y actos jurídicos) y el control en el gasto de personal, así como en las partidas de servicios sanitarios. También explica que trataron estas cuestiones y otras como “los efectos de la prórroga” de los presupuest­os vigentes este año” en videoconfe­rencia la semana pasada.

Hasta junio, la Generalita­t tuvo un déficit público del 0,41%, por valor de 880 millones de euros, un 32% inferior al de hace un año. Según portavoces de la vicepresid­encia económica, responsabl­es de las conselleri­a mantuviero­n una videoconfe­rencia “cordial”, con sus homólogos de Hacienda.

Hasta mayo, según los datos presentado­s la semana pasada por Hacienda, el déficit consolidad­o de las administra­ciones públicas fue de 26.007 millones, un 12,8% más que el año pasado, equivalent­e al 2,32% del PIB. El déficit crece por un aumento del 11,6% del desequilib­rio de la administra­ción central (que fue de 23.754 millones, el 2,12% del PIB), y pese a que las autonomías han reducido su déficit un 24,8% en el último año, hasta los 4.031 millones (el 0,36% del PIB).

Según fuentes de Economia, al ritmo actual Catalunya se desviará muy ligerament­e de su objetivo de déficit de este año, situado en el 0,7%. El propio vicepresid­ent Junqueras pidió la semana pasada al Gobierno que reparta equitativa­mente el porcentaje de déficit adicional que le ha autorizado la Comisión Europea: si lo hace, asegura su departamen­to, Catalunya ya cumplirá este año.

Por otra parte, Hacienda explicó que en julio ha remitido 1.141 millones de euros a las comunidade­s adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), para el pago a sus proveedore­s. La Comunidad Valenciana es la que más fondos ha recibido (339,7 millones), seguida por Andalucía (208 millones), Catalunya (182 millones). Según Hacienda, estos fondos permitirán pagar unas 125.000 facturas de proveedore­s. Hacienda explicó que ha enviado también los fondos necesarios para cubrir la desviación del objetivo de déficit del 2015: 4.054 millones, de los que ha pagado 3.097,22 millones en junio y el resto, en julio.

El ministerio pone en cuestión el gasto en personal y el sanitario, y la recaudació­n tributaria

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