El mercado tiene límites
La Generalitat ha anunciado que está estudiando prohibir las adopciones de niños rusos y ucranianos debido a la prevalencia del “síndrome de alcoholismo fetal” (SAF), que es un conjunto de malformaciones físicas y psíquicas irreversibles consecuencia de la ingesta de alcohol por parte de la madre durante el embarazo. La noticia no es baladí, porque las familias catalanas han adoptado mucho en los países del “cinturón del vodka”, donde el SAF es cinco veces más frecuente que en el resto del mundo y donde la probabilidad de que un niño entregado en adopción lo padezca es elevadísima: un estudio elaborado por la American Academy of Pediatrics sobre adopciones de niños rusos en Suecia detectaba SAF en más del 50% de los casos.
Hace meses (13/I/2015), La Vanguardia informaba de la creación de la Asociación de familias afectadas de SAF, y reproducía las lamentaciones de su presidenta por el coste emocional y económico que representan estos niños. El segundo no se circunscribe a las familias, y es muy elevado: de acuerdo con decenas de estudios internacionales, puede representar entre 200.000 y dos millones de euros a lo largo de la vida del adoptado.
Nos equivocaríamos si pensásemos que la Generalitat no podía conocer el riesgo de estas adopciones hasta que ha sido demasiado tarde. Hace más de diez años que la relación entre adopción en Rusia y SAF es conocida por los especialistas occidentales, y es fácil encontrar foros de internet con entradas aún más antiguas donde familias afectadas, sobre todo americanas, hablan de ella. Con estos antecedentes, la pregunta es por qué la Generalitat ha tardado tanto tiempo en considerar la prohibición, y por qué hasta hace tan poco no se había alertado a las familias que pretendían adoptar del riesgo de hacerlo en ciertos países. Es inevitable concluir que una de las razones radica en el hecho de que una parte del proceso de adopción está privatizado.
Efectivamente, la Generalitat promovió la creación de empresas que ayudaran a las familias que quisieran adoptar, toda vez que se trata de un proceso de gran complejidad. Estas empresas –ECAI– localizan los niños potenciales, hacen las gestiones, se ocupan de la logística, asesoran. Las ventajas son incuestionables, pero a un precio demasiado elevado. Las ECAI necesitan facturar, y no se puede esperar de ellas que alerten a las familias del riesgo de adoptar en los países donde es más fácil hacerlo, ni que pongan de relieve las ambigüedades de informes médicos emitidos por instituciones que quieren quitarse de encima un problema. De las administraciones públicas sí que podemos esperar que protejan a los ciudadanos indefensos, y debemos de concluir que, en este caso, la Generalitat no ha estado a la altura.
El antiguo Departament de Benestar i Família ha pasado de CDC a ERC. El partido entrante no es tan business friendly, pero hay casos en que privatizar es jugar con fuego.
Hay casos en los que privatizar es jugar con fuego; como con las adopciones