El PSOE quiere evitar que se vote en Navidad y propone el día 18
El Gobierno no se opondrá a modificar la ley electoral para variar la fecha
Los grupos de la oposición quieren evitar a toda costa que las terceras elecciones –si es que llegan a celebrarse– se celebren el día 25 de diciembre, y con ese propósito promoverán una modificación urgente de la ley electoral general que establece los plazos del proceso de convocatoria a las urnas. El Gobierno ya ha dicho que no bloqueará esa reforma aunque no la promueva.
De acuerdo con la ley que ahora se quiere modificar, tras la primera votación de investidura, los diputados tienen exactamente dos meses para elegir a un presidente que pueda formar gobierno. Si en este plazo, no se resuelve la investidura, se convocan automáticamente otras elecciones 54 días después.
Eso es lo que dice la ley que, aplicado al caso actual significa que el próximo día 31 de octubre expira el plazo para que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo. En caso contrario las elecciones quedan convocadas automáticamente y se celebrarían –de acuerdo con la norma vigente– el día de Navidad. Los grupos parlamentarios han reprochado al PP haber jugado con el calendario para que la convocatoria cayese precisamente en esa fecha y de este modo presionar al resto de grupos a darle la aquiescencia a Mariano Rajoy.
Sea como fuere, todo el mundo admite que llamar por tercera vez a las urnas a los electores el día de Navidad es una barbaridad y de ahí que los grupos de la oposición hayan decidido promover una modificación de la ley para alterar los plazos y, en consecuencia, adelantar la celebración de las elecciones una semana antes, el día 18 de diciembre.
El Gobierno no promoverá el cambio de esta ley orgánica pero ya dejó dicho ayer que no se opondrá a esta reforma urgente de la ley de modo que le dará curso cuando se presente en tiempo y forma para que pueda debatirse cuanto antes. No obstante, fuentes del Gobierno advierten de los riesgos de este cambio por la vía de urgencia porque puede vulnerar los plazos del trámite electoral, en especial los más largos y prolijos como sea el procedimiento para garantizar el derecho de voto de los residentes en el extranjero o el voto por correo. Cualquier ciudadano o partido que se viera perjudicado por la reforma podría recurrir y complicar aún más las elecciones.
Y aun a pesar de esto riesgos, la diputada del PSOE Margarita Robles se mostró partidaria de impulsar la reforma.
Según Robles, hay expertos en derecho constitucional y administrativo que creen viable esa reforma de la ley electoral general que en cualquier caso debería aprobarse antes del 31 de octubre, fecha en la que quedarán disueltas las Cortes si la investidura de ningún candidato sale adelante en dos meses. “La reforma hay que estudiarla con calma”, admitió no obstante la diputada del grupo socialista, que ha señalado las enormes “lagunas” del actual ordenamiento jurídico que, en el caso de los procesos electorales, tiene unos plazos “muy largos”.
Por eso, se ha mostró partidaria de que cuando la legislatura eche a andar se haga una reflexión profunda sobre una reforma de la Constitución en este sentido.
El instrumento para acortar la campaña electoral que apunta el PSOE sería una proposición de ley de reforma presentada por uno o varios grupos parlamentarios del Congreso, que podría tramitarse en pocas semanas en ambas Cámaras siempre que exista un amplio consenso.
Por su parte el secretario general de Podemos le parece que “es pronto” para hablar de elecciones porque cree posible la búsqueda de una alternativa a un Gobierno de Mariano Rajoy. Por su parte, Francesc Homs consideró “un despropósito” que la situación pase ahora por intentar una modificación de la ley.
Tal como está redactada la ley, si hay elecciones se celebrarán el día de Navidad La reforma permitiría acortar los plazos, pero entraña considerables riesgos legales según el Gobierno