La Moncloa afirma que no podrá subir pensiones ni sueldos de funcionarios
Los perceptores de prestaciones sociales podrían verse afectados, según el Ejecutivo
El Gobierno no dispone de capacidad legislativa estando en funciones y tiene expresamente prohibido por ley elaborar unos presupuestos generales del Estado, que además los grupos parlamentarios no pueden plantear como alternativa. Por eso, la vicepresidente en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó ayer de que 14 millones de españoles que reciben prestaciones sociales se verán afectados por la no existencia de presupuestos para el 2017.
No es que los pensionistas no vayan a cobrar sus pensiones ni los funcionarios sus sueldos, no. Pero no podrán ver incrementadas sus cuantías, ya que al prorrogarse los presupuestos no se puede incluir un incremento, según la vicepresidenta, ni siquiera el del 0,25% en las pensiones, que es lo que subieron en el 2016, ni el 1% que subieron los sueldos públicos. Pero no serán los únicos que saldrán perjudicados. Las subvenciones nominativas, que son anuales, no podrán renovarse, ya que vencen al término del ejercicio.
El Gobierno subrayó de ese modo las consecuencias de la interinidad del ejecutivo que deberían todos evitar. La crisis política no debe afectar a la recuperación económica, sostuvo la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría negó la posibilidad, apuntada por otros grupos políticos, de que es posible aprobar proyectos de ley que revisaran al alza esas prestaciones y subrayó que se ha estudiado esta opción pero que “la debilidad jurídica sería tal, que se correría el peligro de que esas decisiones acabaran en los tribunales porque se estarían haciendo o cambiando unos presupuestos por la puerta falsa.
El hecho de que la ley permita a un gobierno en funciones aprobar decretos ley aun estando en funciones, por motivos de gran urgencia o grave necesidad, introduce otro elemento que a juicio del Gobierno presentaría problemas jurídicos, ya que el hecho de decidir subir las pensiones o los sueldos de los funcionarios estando en funciones se puede interpretar como una decisión política que tiene la misma urgencia o
La vicepresidenta dice haber estudiado otras opciones para sortear el bloqueo y que no hay solución jurídica
necesidad que la aprobación de otros apartados de los presupuestos, como pueden ser las subvenciones nominales o incluso alguna obra que deba licitarse con presupuesto, por ejemplo la Y vasca. Además que cuando tocara hacer esto, porque se prorroguen los presupuestos, las cámaras estarían disueltas.
Como ejemplo de las limitaciones que tiene el Gobierno, la vicepresidenta citó que no ha podido aprobar el plan de publicidad para el 2016, que supone el reparto del dinero presupuestado y en vigor, por considerar que el reparto puede ser una decisión política y no de mera gestión que es lo único que puede hacer. De hecho sólo se le ha autorizado al Gobierno a aprobar una campaña de publicidad cuando se puso en marcha el teléfono para el acoso escolar, y porque estaba presupuestado y era urgente que la entrada en vigor se conociera por los ciudadanos.
No obstante, la vicepresidenta aseguró que “hasta donde pueda el Gobierno, tomará decisiones para que la ausencia de presupuestos afecte al menor número posible de españoles, y para que todos los que reciben una prestación pública estén tranquilos”.