El secuestro
En un sistema de democracia representativa parlamentaria, el esquema de funcionamiento es muy simple. Se celebran elecciones. Si uno de los partidos obtiene mayoría absoluta, forma gobierno; si ninguno la logra, todos han de intentar, primero, llegar a un pacto de gobierno o de simple investidura y, en caso de que esto sea imposible, ha de gobernar el partido más votado. Existe, por consiguiente, una obligación general compartida por todos los partidos de facilitar la gobernabilidad del Estado, lo que no implica que tengan que votar a favor de una propuesta programática que nos es la suya y que puede estar muy alejada, e incluso enfrentada, a sus principios, sino que sólo comporta la necesidad de abstenerse cuando no se dispone de una alternativa con opciones de triunfo. Lo que ningún partido puede, en nombre de nada, es ni comer ni dejar comer.
Todas las reservas u objeciones que se oponen a esta obligación primordial de facilitar la gobernabilidad del Estado carecen de auténtico fundamento. Así, no es de recibo eludir la abstención y apostar por el voto negativo, alegando el alto nivel de corrupción interna del partido que resultaría beneficiado. Los casos de corrupción generan tres tipos de responsabilidad: política, penal y civil. De la penal y la civil, nada hay que decir aquí; están en manos de los jueces y han de seguir su curso hasta el final. En cambio, la responsabilidad política, dejando al margen su eventual sustanciación a través de comisiones de investigación parlamentarias, se depuran en las elecciones. Por tanto, si los ciudadanos siguen votando mayoritariamente a un partido en entredicho por corrupción, hay que respetar el resultado. Aparte de que no es ocioso recordar en este punto la máxima evangélica de que quien esté libre de pecado tire la primera piedra. O, como dice un refrán catalán, “sempre seràs emmascarat per una paella bruta”. Menos fuste tiene aún afirmar que un partido de izquierdas no puede facilitar que gobierne otro de derechas, negando de este modo lo que constituye la base imprescindible de todo sistema democrático: el espíritu de concordia.
No nos engañemos. La causa del bloqueo actual de la política española se halla en el defectuoso funcionamiento de los partidos políticos, en manos de cúpulas mayoritariamente integradas por políticos profesionales de hoja perenne, que sólo se renuevan por cooptación, recayendo muchas veces la elección entre los más grises y mediocres. De este modo, acceden a puestos de responsabilidad y, en algún caso a la presidencia del gobierno, políticos sin ninguna experiencia anterior, sin formación suficiente, sin otra herramienta que una osadía sin límites y sin más horizonte que su carrera personal, exclusivamente centrada en la política. Así de simple y así de claro. “¡Ay de los políticos sin cuarteles de invierno a los que retirarse!”, decía un viejo periodista ya olvidado. Llevaba razón.
No es la primera vez que esto sucede en España. A comienzos del pasado siglo, Antonio Maura denunció que los partidos eran incapaces de gobernar. Y esta incapacidad fue en aumento hasta que hizo crisis en 1923. Francesc Cambó lo explica de este modo: “La Dictadura de Primo de Rivera vino (…) por la incapacidad
Las cúpulas de los partidos nos tienen secuestrados; hacen y deshacen sin contar con nosotros; sólo piensan en ellos
de los poderes constitucionales para cumplir su misión. (…) Que tiene de extraño, pues, que al lanzar su manifiesto contra un Gobierno odiado y menospreciado, contase, no sólo con la guarnición, sino con la simpatía de casi la totalidad de Barcelona”. Dejando al margen lo que de exagerado pueda haber en la conclusión de Cambó, si abunda en los historiadores del periodo la opinión de que Primo de Rivera encontró apoyo entre la burguesía y las clases medias catalanas. La razón de ello se halla, sin duda, en que todo sistema democrático ha de gozar necesariamente de dos legitimidades: la legitimidad de origen, que deriva sólo de las urnas, y la legitimidad de ejercicio, que es el resultado de una acción de gobierno mayoritariamente considerada como aceptable. No hay sistema que sobreviva a una larga etapa de inoperancia, que genera en los ciudadanos frustración y rechazo.
Afortunadamente los tiempos han cambiado en nuestro ámbito, y hoy es impensable una salida de la situación que sea traumática. Pero ello no obsta para que el desprestigio de la política y de los políticos sea enorme, incluyendo injustamente a aquellos dirigentes –muy pocos, pero los hay– que intentan con esfuerzo poner remedio a la crisis. No son descartables, por tanto, unas terceras elecciones, con todo lo que ello comportaría de parálisis política, parón administrativo, desconfianza internacional y desaliento colectiva. En un momento, además, en el que España tiene planteados muy graves problemas: la estructura territorial del Estado, una deuda debocada y un paro insoportable. Pocas veces tan pocos han hecho tanto daño a tantos. La conclusión es obvia: las cúpulas de los partidos nos tienen secuestrados. Hacen y deshacen sin contar con nosotros. Sólo piensan en ellos. No sé cómo terminará este lamentable episodio. Sólo sé que perderemos todos.