Agustina Madrigal
La señora Madrigal, fiscal general del Estado por la gracia del gracioso partido del Gobierno, ha hecho saber a tirios y a troyanos –y a los rudos espartanos de la zona nordeste peninsular– que quienes incumplen la ley “ponen en peligro la democracia” y que “la ley está por encima de todo”, cita textual de su apasionada declaración de principios. Y así, parapetada en el alto altavoz del inicio del curso judicial, flanqueada por la testa coronada y el ministro del ramo y beatíficamente aplaudida por el presidente del Constitucional, se ha mostrado cual Agustina de Aragón, decidida a ser el martillo que aplasta sin piedad a las huestes delictivas. ¿Normal que hiciera tamaño discurso de carga política una fiscal general? Para nada, pero todo vale si el objetivo es noble.
Oído barra el discurso, no cabe más que aplaudir a tan entusiasta señora, convencida de que su arrojo dejará en la cuneta a los susodichos incumplidores de la ley. Y se le amontona el trabajo, porque, si quiere cumplir su propósito, tiene tal cantidad de nombres sobre la mesa que necesitará vidas extras para cumplirlo. Por ejemplo, podría empezar por los ministros que conspiran
Flanqueada por la testa coronada y el ministro del ramo, se ha mostrado cual Agustina de Aragón
con directores de Antifraude para destruir la credibilidad de sus adversarios políticos. Una imagina, en su ingenuidad, que eso pone en peligro la democracia. Al tiempo, también investigará si son ciertas las acusaciones de los banqueros andorranos que acusan a altos cargos españoles de amenazas, para obligarles a dar información sobre políticos catalanes. Por cierto, la declaración de Higini Cierco en sede judicial, donde da jugosos detalles de la cosa, es una auténtica crónica de los horrores.
Y suma y sigue, la lista es inacabable, desde los exministros con piedras panameñas en la mochila que ahora quieren representar a España en el Banco Mundial –¿será eso bueno para la democracia?– hasta la cantidad ingente de altos cargos del PP implicados en temas judiciales.
“El 75% del gobierno Aznar está imputado, cobró sobresueldos o duerme en prisión”, según información de Público. Y los de la época Rajoy, Bárcenas mediante, no se escapan de la foto. Es decir, que si Madrigal quiere perseguir a quienes dañan a la democracia española, tiene tela para muchos trajes. Porque… ¿de eso se trata, verdad? Pues será que no, y como es de rigor en los tiempos del PP y cierra España, la fiscal general sólo se refiere al conflicto catalán, cuyo proceso ciudadano, que implica a millones de personas, parece que no debe resolverse con la política, sino haciendo resurgir los métodos de la Inquisición en versión maquillada. Lo cual es más de lo mismo, porque después de saber lo que se cuece en los despachos de Interior no sorprenden los arrojos de una fiscal puesta por el partido que gobierna contra un proceso ciudadano pacífico. Todo ello, por supuesto, muy bueno para la democracia.