El chavismo retrasa el referéndum para revocar a Maduro al 2017
La oposición venezolana debe reunir cuatro millones de firmas en sólo tres días
El chavismo acabó con las aspiraciones opositoras de lograr este mismo año un cambio de gobierno en Venezuela a través de un referéndum para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro. Las esperanzas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de millones de ciudadanos, hartos de vivir sometidos a la escasez, la hiperinflación y la criminalidad fuera de control, se vieron truncadas luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara el calendario y las condiciones para llamar a las urnas.
El CNE, bajo control del régimen, anunció la madrugada de ayer que la recogida de las firmas necesarias (20% del padrón) para activar la consulta se realizará entre el 26 y el 28 de octubre. Durante esos tres días, la oposición deberá reunir cerca de cuatro millones de firmas, un reto casi imposible de lograr, dada la logística impuesta por el oficialismo. El organismo indicó que, si este requisito se cumple, la votación sería convocada a principios de diciembre y, a partir de entonces, correrán los 90 días “reglamentarios” para organizarla.
Los detalles del calendario son cruciales: si la consulta se realiza antes del 10 de enero del próximo año y Maduro pierde, el CNE deberá llamar a elecciones en un plazo de 30 días para que los ciudadanos escojan a su sustituto; pero si el referéndum se organiza después de esa fecha y el presidente es revocado, los dos años restantes de su mandato los completará quien, en ese momento, ocupe el cargo de vicepresidente. Todas las encuestas indican que ocho de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno.
La autoridad electoral, que ya anticipó que el referéndum se celebrará en el primer trimestre del 2017, decidió que la recogida de firmas se hará estado por estado y no tomando el país como una circunscripción única, ignorando los reclamos de la MUD y la legislación vigente, que así lo establece cuando se trata de comicios presidenciales.
Por otro lado, la oposición había solicitado al CNE un total de 19.500 máquinas de identificación biométrica –conocidas como captahuellas– para registrar la firma de los ciudadanos que acudan a apoyar la convocatoria. La respuesta oficial, no obstante, fue conceder sólo 5.392 aparatos y un horario de funcionamiento de los centros electorales de hasta siete horas diarias. Con semejantes criterios técnicos, es prácticamente imposible que la oposición logre recaudar el apoyo ciudadano necesario.
La MUD, que en las últimas semanas ha intentado presionar al régimen con una serie de marchas multitudinarias, calificó el plan del CNE como una flagrante violación de la Constitución y anunció que no será partícipe de la transgresión.
“No podemos aceptar una violación de la Constitución, no podemos hacernos cómplices de la violación de la Constitución. Tampoco podemos enterrar el revocatorio. No podemos hacerle el favor al Gobierno de que ellos no tengan que pagar el costo político e histórico de enfrentar esta situación. Una tercera cosa que no podemos hacer es dividirnos. El Gobierno quiere que en este momento se produzca un cuadro en el cual unos acepten, otros no, otros se abstengan, otros tiren piedras y otros miren para el techo. Pues no, eso no es posible”, dijo el portavoz de la coalición antichavista, Jesús Torrealba.
La estrategia que la MUD seguirá a partir de ahora es todavía una incógnita. Sus dirigentes se encerraron todo el día de ayer en asamblea permanente, aunque algunas de sus figuras más destacadas anticiparon en las redes sociales la necesidad de llamar a la población a acciones de resistencia civil pacífica. “¿Y no van a salir a darle la cara al país y explicar lo que aprobaron? ¿No les queda nada de vergüenza y respeto por este pueblo?”, clamaba en Twitter el excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles. “Está claro lo que el régimen se propone. Está claro lo que los ciudadanos tenemos que hacer: Desobediencia cívica nacional”, escribió María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela.
El retraso de la consulta busca hacer inviable un adelanto de las elecciones y perpetuar el régimen