Hacienda dará datos a las autonomías para que adelanten sus presupuestos
El Gobierno negocia con la oposición cambios en la ley de Estabilidad Presupuestaria
“Cuando estás en funciones tienes que ir con un abogado del Estado al lado que te diga si se puede o no se puede hacer lo que quieres”. Esta es la descripción que un alto cargo del Gobierno hace para subrayar que es muy fácil pedir que se haga una cosa o querer hacerla, pero es mucho más difícil poder hacerlas. Eso es lo que ocurre con las comunidades autónomas.
Sus presidentes, sean del color que sean, exigen poder elaborar sus presupuestos, pero para eso necesitan que el Estado les proporcionen información sobre el dinero con el que van a contar el 2017. Es decir, la previsión de las entregas a cuenta del 2017 y la liquidación del sistema de financiación del 2015. Además, necesitan saber el techo de gasto del Estado para conocer el dinero del que dispondrán y los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas, y eso no lo puede aprobar el Gobierno, porque no tiene capacidad estando en funciones.
Así que, como ya adelantó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se están buscando las fórmulas legales para que la interinidad del Gobierno no afecte a los ciudadanos, y unas comunidades sin presupuestos afectarían de forma directa a servicios básicos, en especial educación y sanidad. Los informes jurídicos sobre hasta dónde puede ir un gobierno en funciones para que las comunidades autónomas tengan sus presupuestos sin que los tenga el Estado están muy avanzados, y creen haber encontrado la fórmula para poder proporcionar datos a las comunidades autónomas. Aunque el ministro de Hacienda lleva dos semanas en contacto con los consejeros autonómicos para conocer sus necesidades, no será hasta la semana próxima, cuanto tenga en sus manos esos informes, cuando dará a las autonomías las cifras que les permitan “ir pintando sus presupuestos”. Sólo dibujando. No aprobando, porque para ello se requiere que el Estado pueda aprobar su techo de gasto, que condiciona el de las comunidades autónomas. Y esa es otra negociación.
La fórmula que ha encontrado el Ejecutivo es modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria, que vincula los presupuestos de las comunidades autónomas a la existencia de ese techo de gasto del Estado. En su artículo 16, habla del establecimiento de los objetivos individuales para las comunidades autónomas y subraya que, “aprobados por el Gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública”, el Ministerio de Hacienda “formulará una propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las comunidades autónomas”, que previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijará objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de ellas.
Como el Gobierno no puede, al estar en funciones, aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda publica, impulsará a través del Grupo Popular una reforma de esa ley, para que no se necesite que estén aprobados los objetivos de estabilidad del Estado para que las autonomías conozcan los suyos y puedan, por tanto, elaborar sus presupuestos. Para ello, el jefe de la oficina económica del presidente
La idea es que las cuentas autonómicas no dependan de un techo de gasto del Estado aprobado
del Gobierno ha iniciado contactos con el PSOE y otros grupos parlamentarios, como Ciudadanos y Coalición Canaria, para exponerles la reforma y recabar su apoyo, dado que es una ley orgánica que es necesario que cuente con la mayoría absoluta de la Cámara.
Esto no querrá decir, de todos modos, que cada autonomía pueda aprobar el techo de gasto que quiera. El Ejecutivo, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, les irá marcando a cada una el previsto, de arreglo además a la nueva senda de déficit negociada con Bruselas, con lo que además se garantiza a Europa que se cumplirá con ese objetivo, cuando en octubre se le comunique como plan para ajustarse al programa la prórroga de los presupuestos.