La oposición exige a Colau otra ordenanza de terrazas en el plazo de un mes
El Ayuntamiento de Barcelona ultima una nueva normativa para cerrar el conflicto
El gobierno de Ada Colau tiene previsto aprobar próximamente una nueva ordenanza de terrazas que acabe con el conflicto con el sector. La oposición municipal se unió ayer en el pleno para criticar la estrategia del Consistorio durante el verano.
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau está ultimando una reforma de la polémica ordenanza de terrazas, una reforma que dará a conocer bien pronto. Lo dijo el concejal de Paisaje, Arquitectura y Patrimonio, el socialista Daniel Mòdol, durante el pleno extraordinario celebrado ayer para tratar el más enquistado conflicto del presente mandato. “Tenemos la sensación de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y de que estamos llegando a acuerdos muy importantes –dijo el edil–. Próximamente podremos aprobar una nueva ordenanza”. Mòdol, aunque invitó a todos los concejales a trabajar esta reforma codo con codo, también puso en duda la verdadera utilidad de estos encuentros tan especiales.
La sesión plenaria de la mañana de ayer fue el enésimo brete en el que la mayoría de los grupos de la oposición trató de enredar a la alcaldesa Colau a santo de las terrazas de Barcelona. Las comisiones y los plenos llevan más de un año escenificando este agrio enfrentamiento. Que si ustedes están poniendo en jaque un sector clave de la economía de la ciudad, que si su sectarismo político está haciendo peligrar miles de empleos, que si su aplicación de la ordenanza es arbitraria y excesivamente estricta y rigurosa... Según el Gremi de Restauració, en este mandato ya fueron retiradas de todas las terrazas de la ciudad alrededor de 20.000 sillas, una tercera parte de las que sumaban hace poco más de un año. En el gobierno prima la sensación de que parte de la oposición prefiere prolongar el conflicto en lugar de llegar a acuerdos. Al término de la sesión, Roger Pallarols, director del gremio, se mostró muy esperanzado en que el nuevo marco entre en vigor el año que viene a más tardar.
El guion de ayer se antojaba calcado, muy previsible, muy propio del día de la marmota, como adelantó el popular Alberto Fernández... Pero los concejales del gobierno, los de BComú y los del PSC, se abstuvieron en la votación final y, a pesar de que una vez más el debate fue muy poco amistoso y apenas constructivo, de que unos cuantos trastos pasaron volando frente al gran retrato de la Reina Regente, a su término el túnel parecía mucho menos oscuro que hace unas pocas semanas. Y es que este verano ha sido muy turbulento. Los inspectores municipales retiraron decenas de mesas y sillas sin licencia de los porches del mercado de la Boqueria, el distrito de Ciutat Vella adelantó una hora el cierre de las terrazas de la Rambla, la plaza Reial y el paseo Joan de Borbó, la concejal Gala Pin dijo que el verano que viene recortaría otra hora...
Y los concejales de CiU, Ciutadans y el PP regresaron de sus vacaciones dispuestos a hacer de nuevo uso del comodín de las terrazas. Acordaron instar al gobierno municipal a reformar la ordenanza, a presentar en el plazo máximo de un mes todos los cambios y necesarios y, además, acelerar su puesta en marcha para acabar con la inquietud que impera entre los restauradores. Nadie esperaba hace un año que este proceso se alargara tanto. Los concejales de ERC se sumaron a la iniciativa tras reforzar el acento sobre la necesidad de equilibrar los diferentes usos del espacio público.
A ratos todo esto parece absurdo. La polémica ordenanza de terrazas fue elaborada durante el mandato anterior, y aprobada gracias al apoyo de los concejales del PP, pero el gobierno de Xavier Trias nunca la puso en marcha. Fue el de Colau, a pesar de tacharla en más de una ocasión de “chapuza”, el que se empeñó en aplicar la nueva normativa
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punto por punto. Siempre argumentó que las administraciones no tienen más remedio que hacer cumplir la legalidad, les guste o no.
El convergente Raimond Blasi atacó ayer al gobierno asegurando que la ordenanza dispone de mecanismos para flexibilizar su aplicación. El republicano Jordi Coronas subrayó que Barcelona necesita ya una normativa que no excluya a la ciudadanía del espacio público. “La aplicación de esta ordenanza está suponiendo efectos muy negativos para la economía”, dijo Carina Mejías, de Ciutadans. “Queremos conocer el alcance de la modificación”, dijo Alberto Fernández. Y Gala Pin, repartiendo a diestro y siniestro, se preguntó que habría hecho CiU de continuar en el gobierno, y acusó a los convergentes de acordar con los negocios de los porches de la Boqueria que sólo habría inspecciones si se daban quejas vecinales, de administrar mediante acuerdos verbales. La noticia la dieron los socialistas, que ayer gozaron de un protagonismo especial después de intercambiar asientos con los republicanos. Ahora el teniente de alcalde Jaume Collboni se sienta en el tradicional rincón del PSC. Podría sentarse junto a la alcaldesa, pero entiende que de este modo su grupo refuerza una imagen de independencia.