El Govern libera 38 millones para acabar el metro de Zona Franca
Se mantiene el compromiso de abrir en el 2017 aunque no hay acuerdo con el Ayuntamiento
La obligación que se impusieron a comienzos de este año la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona de poner en servicio, solo parcialmente, el ramal de la L9 del metro (L10) que ha de dar cobertura en transporte público a la Zona Franca se mantiene a pesar de la preocupante falta de noticias de los últimos meses. Fuentes de la administración autonómica han confirmado a La Vanguardia que las obras siguen su curso y que este mismo mes la Generalitat, a través del ente público Ifercat, ha aprobado el Plan Económico y Financiero que hará posible concluir esta infraestructura. Este reciente acuerdo, que no se ha hecho público, permitirá disponer de 38 millones de euros para terminar la obra civil. Sin embargo, después de que el pasado 5 de febrero el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se conjuraran para poner en funcionamiento esta línea en el 2017 (sin concretar fecha, aunque todo apuntaba que sería a finales del año que viene), las dos instituciones siguen negociando –y todavía no han concretado– la fórmula por la que la Generalitat compensará al Ayuntamiento, que desde el primer momento ha estado dispuesto a cofinanciar el proyecto, de hecho a adelantar dinero.
Esos 38 millones de euros reservados para la finalización de las obras han de servir para rematar una infraestructura que ya se utiliza parcialmente. Una vía única facilita que los convoyes de la L9 sur, que une Zona Universitària con el aeropuerto de El Prat, circulen hasta las cocheras ubicadas en la calle A de la Zona Franca. En los próximos meses los trabajos se centrarán, sobre todo, en la instalación de la catenaria y de la segunda vía necesaria para la prestación del servicio comercial.
Despejado este camino, queda por desbrozar otro que sigue planteando problemas a juzgar por el tiempo que Generalitat y Ayuntamiento están empleando en cerrar un acuerdo que mucho antes del verano ya se anunciaba como inminente. El Ayuntamiento de Barcelona pone 44 millones para que dos estaciones (de las diez previstas inicialmente), casi con toda seguridad las de Foneria y Foc-Cisell, puedan entrar en servicio el año que viene. Para poder aprobar la modificación presupuestaria de este año (que hace las veces de presupuesto del Ayuntamiento para el 2016) con el imprescindible apoyo de ERC, el gobierno de Ada Colau ya tuvo que incluir una partida de 15 millones de euros.
En torno a la necesidad de que el metro llegue cuanto antes a la Zona Franca se generó, ya en el mandato de Xavier Trias, un amplio consenso político. Poco antes
El plan aprobado servirá para acabar la obra civil, que sigue en marcha y muy avanzada
de que el PSC entrara en el gobierno de Ada Colau, los cuatro principales grupos de la oposición (CiU, Ciutadans, ERC y los propios socialistas) sacaron adelante una moción conjunta para que el Ayuntamiento de Barcelona priorizara el metro a la Zona Franca, considerado urgente, y se tomara con calma otros proyectos, como el de la conexión de los tranvías.
Una de las fórmulas que se han barajado en la negociación entre Generalitat y Ayuntamiento para abrir al menos dos estaciones de la L10 es el de la cesión de patrimonio de la administración autonómica a la local. Esta opción evitaría que aumentara la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Consistorio (en julio la reconoció en 90 millones). Entra las fincas que podrían entrar en esta operación están la antigua fábrica de cañones de la Rambla y el edificio de la Llotja, popularmente conocido como El Borsí, de la calle Avinyó.
Aún no se ha hallado la forma de compensar el dinero que avanza el Consistorio