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Las consecuencias en clave estatal de las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco, y la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano.
EL nombre de Colombia dejó ayer de evocar violencia, droga o inestabilidad, lacras que injustamente han acompañado a muchos colombianos fuera de su país en las últimas décadas. La firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en Cartagena –buen marco– no sólo cierra una guerra civil de 52 largos años y despeja el futuro de la cuarta economía latinoamericana, sino que lanza al mundo un mensaje de que el progreso, el cambio y la esperanza son posibles. Frente a la espiral trágica de Oriente Medio, Colombia y Latinoamérica son el reverso: hay porvenir en regiones donde todo parecía oscuro.
Hace tiempo que el mundo no asistía a una fiesta en honor de la democracia, la reconciliación entre hermanos y la justicia como la vivida en las últimas horas en Cartagena de Indias. Después de cuatro años de negociaciones, con el papel mediador de Noruega y Cuba, Santos y el líder guerrillero Timochenko han sellado la reconciliación entre dos Colombias que hoy vuelven a ser la misma. Del clamor inicial por la justicia social –el mal reparto de las tierras–, las FARC pasaron a fines y medios menos admirables: extorsión, secuestros, tráfico de cocaína... Bogotá combatió a la guerrilla no siempre con medios ejemplares ni un elevado respeto a los derechos humanos. El final de las guerrillas marxistas en el continente, el declive de la Cuba castrista, el fiasco sandinista han inducido a las FARC a abandonar las armas –hoy comienza un plazo de 180 días para hacer efectiva la entrega– y a una aproximación más dialogante de los gobiernos colombianos posteriores a la presidencia de Álvaro Uribe, la figura más relevante que se opone a “perdonar” a los antiguos guerrilleros.
Sobre el papel, el acuerdo permite una salida digna a los últimos guerrilleros –unos 7.000, cuando en los momentos álgidos llegaron a ser 20.000 personas–, encauza y respalda sus aspiraciones políticas –ayudas al partido en gestación y asignación de al menos cinco escaños en las dos cámaras en las próximas legislaturas– y establece mecanismos judiciales para juzgar a los elementos más sanguinarios aunque muchas víctimas dudan de que así vaya a suceder.
Bogotá da una lección al mundo y se erige en un actor respetable en las relaciones internacionales, desprovisto de estereotipos negativos y con los valores culturales, económicos y sociales que siempre existieron. Sólo falta para coronar el éxito que los colombianos den el sí al acuerdo en el referéndum convocado para el próximo domingo. Salvo una sorpresa monumental, el 2017 es el año de Colombia.