Un futuro por conquistar

España ha sido uno de los países más avanzados en la aplicación del derecho internacional, con procesos emblemáticos como la persecución de Augusto Pinochet y de los dictadores argentinos, acusados de la desaparición de los opositores. De hecho, aquí fue juzgado el militar Adolfo Scilingo, condenado por sus crímenes durante la represión en Argentina. Sin embargo, la proliferación de causas provocó problemas diplomáticos al Gobierno, en especial con China por su actuación en el Tíbet, y eso desembocó en una reforma del año 2009 que cercenaba las posibilidades de actuación de los tribunales españoles. Así lo reconoce José Ricardo de Prada: “La reforma ha castrado mucho; hay dificultades para actuar incluso cuando las víctimas son españolas, y eso que la aportación de España ha sido trascendental. Aún quedan ciertas posibilidades”. Entre ellas está la oportunidad de perseguir a los victimarios del obispo Ignacio Ellacuría, asesinado junto con otros cinco sacerdotes en la guerra de El Salvador, en 1989. Estados Unidos concedió a España la extradición de uno de los participantes, el excoronel Orlando Montano. Y en enero se juzgará en la Audiencia Nacional a Carlos Vielman, exministro de Gobernación de Guatemala, por crímenes internacionales. “Pero soy optimista. Mi experiencia es que se crea una jurisprudencia internacional y que se hacen esfuerzos”, relata De Prada, “aunque hoy los efectos sean limitados”. “Por ejemplo –añade–, son muy importantes las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional para ampliar estos crímenes a los delitos medioambientales”. La Fundación Simon Wiesenthal no cierra el capítulo del Holocausto y todavía busca si queda algún nazi vivo, si no para juzgarlo, sí para recordar lo que hicieron. Nuremberg fue el principio del derecho internacional, pero también es un futuro por conquistar.